Fiscalía salvadoreña acusa a supuestos cómplices de Funes de lavado de dinero
El Salvador condenó a Regina Cañas, exesposa del expresidente
San Salvador,- La Fiscalía de El Salvador presentó este domingo una acusación formal contra tres exempleados del Banco Hipotecario señalados de ser cómplices del expresidente Mauricio Funes (2004-2009) en la malversación de más de 351 millones de dólares de fondos estatales.
Los supuestos cómplices, detenidos el viernes por las autoridades salvadoreñas, son acusados de peculado y lavado de dinero y activos "en calidad de cómplices necesarios", señaló el Ministerio Público.
Se trata del expresidente del Banco Hipotecario Carlos Alberto Ortiz (2009-2011), el exvicepresidente Carlos Enrique Cruz Arana (2010-2013) y del ex oficial de cumplimiento Jolman Ayala.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, presentada ante el Juzgado de Paz de San Salvador, Ortiz y Cruz Arana "habrían participado en el lavado de más de 97 millones de dólares", cada uno, y por "su colaboración recibían 3,000 dólares mensuales", cada uno.
Mientras a Ayala "se le atribuye haber lavado más de 177 millones de dólares" y por "cuyos servicios ilegales recibió entre 1,500 dólares y 2,000 dólares mensuales", indicó la fuente.
La investigación del Ministerio Público apunta que "el dinero era sustraído en efectivo y era retirado en bolsas negras para depositarlo en cuentas bancarias de más de 30 exfuncionarios, familiares y amigos del expresidente Funes".
El ex jefe de Estado, que recibió la nacionalidad nicaragüense en 2019, es procesado junto a más de 30 personas por el supuesto desvío y lavado de más de 351 millones de dólares de fondos estatales.
En marzo pasado, un juzgado de Instrucción de El Salvador condenó a Regina Cañas, exesposa del expresidente, a devolver al Estado 95,000 dólares por su participación en el delito de encubrimiento en caso de lavado de dinero.
Funes, quien gobernó bajo la bandera del "cambio" del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) ante la corrupción de Administraciones anteriores, es el tercer presidente de la democracia salvadoreña en ser acusado de apoderarse de dinero público.
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