CIUDAD DE MÉXICO.-La FGR se niega a revelar el texto íntegro del arreglo que negoció con el empresario para que recuperara su libertad, a fin de que devuelva 216 mdd por la venta irregular de la planta de Agro Nitrogenados; el juzgado, la petrolera y la defensa del industrial tampoco lo revelan.
Presumido como un hecho inédito y celebrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como una victoria contra la corrupción, el acuerdo reparatorio que alcanzó la Fiscalía General de la República (FGR) con Alonso Ancira permanece en secreto. Los mexicanos saben que el empresario tiene que devolver millones de dólares a Petróleos Mexicanos (Pemex), pero están impedidos de conocer a detalle qué fue lo que negociaron el gobierno y el industrial para que éste saliera de prisión.
La FGR reservó por cinco años el arreglo firmado en abril pasado donde Ancira Elizondo se compromete a devolver 216 millones de dólares del pago que recibió de Pemex cuando su empresa Altos Hornos de México S.A. (AHMSA) le vendió la planta de Agro Nitrogenados, una operación realizada en el sexenio pasado, pero que fue cuestionada por las autoridades actuales al considerar que la fábrica de fertilizantes era chatarra y se adquirió a sobreprecio.
“La información es clasificada como reservada, dado que su publicidad representa un posible riesgo para las estrategias de investigación, la persecución del delito, la seguridad de las víctimas y la procuración de justicia”, expuso la FGR a una petición de Quinto Elemento Lab para saber cuáles fueron las obligaciones pactadas y términos acordados.
La solicitud de información vía la Ley de Transparencia intentaba conocer los detalles acordados con Ancira Elizondo: desde la modalidad en la que realizará los depósitos, plazos, intereses y garantías de pago, hasta las penalidades en caso de incumplimiento, así como el nombre y número de cuenta de la institución que recibirá los recursos y el destino que tendrán las aportaciones.
Según la respuesta de la FGR, la solicitud de los periodistas obedece a un interés personal: “El beneficio se limitaría única y exclusivamente a su petición, en donde en todo caso prevalecería el interés particular sobre el interés general”, señaló la fiscalía al justificar su intención de mantener ocultos los detalles del acuerdo.
“Dado que se trata de una operación que involucra daño patrimonial al Estado, su contenido es relevante no sólo para el gobierno o la fiscalía, sino para 122 millones de mexicanos. El daño no es sólo para Pemex sino para el contribuyente”, consideró Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana.
