Familiares de 23 presos por delitos de alto impacto que no lograron la amnistía a través de la ley vigente en el Estado de México, se raparon frente al palacio de justicia como reclamo a la "soberbia y anacronismo" que priva entre los jueces del Tribunal Superior de Justicia estatal, que les negó la liberación a dichas personas, pese a que demostraron tortura, fabricación de delitos, violación a los derechos humanos, entre otros abusos.
Por su parte, Antonio Lara Duque, representante del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, dijo que las razones para negar la amnistía es que son delitos de alto impacto; sin embargo, omitió que en la ley quedó claro que con un pronunciamiento por parte de la Comisión de Derechos Humanos, independiente del delito es procedente para la amnistía.
Porque la Codehm dejó claro que dichos presos fueron víctimas de la violación a los derechos humanos y pese al pronunciamiento que entregó el organismo público a los jueces, se rehusó a conceder este beneficio por "un orgullo mal entendido, creen que reconocer que hubo excesos y violaciones está mal".
Sin embargo, dijo es necesario que el presidente del Tribunal Superior sepa que la ciudadanía reclama creer en la justicia, pues entre ellos hay jóvenes torturados, incomunicados, pobres e indígenas, comunes denominadores que los llevaron a la cárcel.
Estás personas alcanzan un promedio de 20 años de prisión, la mayoría llevan entre siete y cuatro años de cárcel, mientras que de no recibir respuesta, pedirán la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Por su parte, las mujeres, entre ellas mamás, abuelas, esposas y hermanas, dijeron que entregan su cabello como la última pertenencia que les queda, pues no están dispuestas a seguir siendo humilladas pese al compromiso del titular del Poder Judicial, Ricardo Sodi Cuellar, que comprometió transparencia en la aplicación de esta ley.
