Familiares de estudiantes del Tec acusan pacto de impunidad

Familiares de estudiantes del Tec acusan pacto de impunidad
AGENCIAS / EL TIEMPO

A once años del asesinato de los estudiantes del Tec de Monterrey, Jorge Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, y a dos años de que el Estado mexicano, a través de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ofreció una disculpa pública, integrantes del colectivo "Todos somos Jorge y Javier", así como familiares de ambos jóvenes, exigieron verdad y justicia.

Durante una conferencia de prensa virtual, Rosa Elvia Mercado, madre de Jorge Mercado Alonso, señaló que, desde el día de los hechos, el 19 de marzo de 2010, han vivido una serie de trabas burocráticas, y violaciones a sus derechos.

Agregó que ni la anterior PGR ni la hoy Fiscalía General de la República han asumido el compromiso de llegar a la verdad y hacer justicia, escudándose en pretextos y evasivas.

Reseñó que el 29 de septiembre de 2016, a seis años y medio del doble crimen, por fin se consignó el caso ante el juzgado cuarto penal de Monterrey, que ejerció acción penal en contra de seis militares, pero sólo se cumplieron en contra de tres que estaban en activo, pues los otros tres habían desertado, y uno de ellos desapareció mientras trabajaba como escolta en Saltillo.

Y, en suma, a más de cuatro años, nadie ha tenido interés en buscar a los prófugos.

Reconoció que con la llegada del nuevo gobierno (primero de diciembre de 2018), y sobre todo con la disculpa pública de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el 19 de marzo de 2019, creyeron que se encendía una luz para ver materializada la justicia.

Sin embargo, mientras Sánchez Cordero reconocía la responsabilidad del Estado mexicano, por el doble crimen cometido nueve años atrás, en el juzgado donde se llevaba el caso contra los militares implicados en los hechos se admitían nuevas pruebas a favor de los imputados, alegando violaciones a sus derechos humanos, se presentaba a nuevos testigos sin relación con el caso, se pedía un nuevo dictamen sobre las armas ya revisadas en 2010, aparentemente con el único propósito de ganar tiempo, para que el tema se olvide y de pronto se diga que ya fueron absueltos.

Aseveró que mientras a los familiares de Jorge y Javier se les impide contratar abogados particulares, y se les obliga a llevar la asesoría de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, los militares acusados por la ejecución de los estudiantes, cuentan con la defensa de un despacho privado, que defiende a miembros del Ejército, como también lo hace con los del caso Tlatlaya.

"¿Quién les paga, acaso la Sedena usa recursos públicos para defender criminales?", cuestionó Rosa Elia Mercado, quien afirmó, ha sido tortuoso el camino de esos once años.

"Parecía que la nueva administración daba una luz, pero después del 19 de marzo de 2019, las promesas incumplidas, y las trabas jurídicas y burocráticas, hacen pensar más que existe un pacto de impunidad y una protección a favor de los militares".

Y agregó: "Sabemos que existen derechos para ambas partes, pero la balanza se ve más inclinada a su favor. ¿Será acaso que la militarización del país y los temas de seguridad pública llevan implícito ese pacto de impunidad? ¿A qué le están apostando?, ¿a que con el tiempo se olvide y un día nos digan que salen libres?".

Y si quieren cansarnos están equivocados, afirmó. "No vamos a desistir, seguiremos luchando para hacer justicia conforme a derecho, y si piensan las autoridades que no estamos haciendo nada, porque estamos encerrados por la pandemia, están equivocados porque estamos pidiendo a Dios todos los días por la justicia, y nos dice que es un Dios de justicia y que él siempre nos acompaña, que nunca nos deja, y por eso confiamos. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero un día va a llegar la justicia".

A su vez, los representantes del colectivo "Todos somos Jorge y Javier", señalaron que las acciones realizadas por el actual gobierno, no son consistentes con la disculpa pública que ofreció a las familiares de los estudiantes, hace dos años, ya que "se ha seguido apostando a la militarización del país, y criminalizando a las víctimas".

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