La Coordinadora de Sindicatos de Salud de Oaxaca anunció que presentará una demanda de juicio político contra el gobernador Alejandro Murat Hinojosa Hinojosa, el secretario de Salud, Juan Carlos Márquez Heine, y el secretario de Seguridad Pública, Heliodoro Díaz Escárraga.
María del Carmen Noriega, integrante de la coordinadora, explicó que como parte del procedimiento jurídico se les acusará de actos de lesa humanidad, desvío de recursos y por los actos de represión en contra de las protestas de los trabajadores eventuales despedidos, que han llevado a cabo para exigir que les devuelvan sus trabajos. La demanda de juicio político debe presentarse ante el Congreso del Estado; pero hasta el momento, informó, no tienen fecha de cuándo la llevarán ante los legisladores.
Laura Cerqueda de la Rosa, secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadores y Profesionales de la Salud (Sityps) y también parte de la coordinadora, dijo que esta medida es parte de una estrategia jurídica que decidieron tomar tras el desalojo que sufrieron el domingo pasado, en el plantón que mantenían frente a la Casa Oficial del gobierno del estado. Este juicio será un recurso independiente de la reorganización de sus estrategias de movilización y protestas. "Ahí estuvimos más de dos meses y nadie nos atendió ni ofreció solución alguna. Pero el domingo 21 de los corrientes fuimos desalojados con lujo de violencia, sin propuesta de atención y sin que se nos permita manifestarnos contra estas violaciones constitucionales".
Según los integrantes de la coordinadora, la que está conformado por cinco sindicatos del sector Salud de Oaxaca, el despido masivo de trabajadores tiene como trasfondo el desvío de recursos del presupuesto asignado a través del fondo FASSA con los que se cubren los salarios de los empleados eventuales. Es con el fin de "utilizar los recursos y seguir pagando a los formalizados regularizados, quienes están sin techo presupuestal pero bajo la protección de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) en contubernio con las autoridades estatales.
"Ante este atropello que se cometió contra miles de trabajadores, muchos de los cuales estuvimos trabajando por años en los Servicios de Salud y no como administrativos, sino como personal de bata Blanca y que además, combatimos en la primera línea de batalla en la lucha contra la Covid-19, decidimos organizarnos en la Coordinadora de Sindicatos de Salud para defender nuestro derecho constitucional a un empleo digno".
En conferencia de prensa, María del Carmen Noriega también anunció que 12 organizaciones políticas, sociales y de profesionales se sumarán a la lucha para exigir una mesa de negociación con el gobierno del estado, bajo el objetivo de que se resuelva su principal demanda: la restitución de su fuente de trabajo.
El martes pasado, 100 integrantes del del Movimiento Único de Trabajadores Eventuales de los Servicios de la Salud de Oaxaca (MUTESSO), otra organización formada a partir del despido masivo de empleados de Salud en la entidad, tomaron las instalaciones del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), e impidieron la salida de unos 300 empleados federales, quienes estuvieron retenidos por varias horas, hasta que se les permitió la salida.
En respuesta, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) informó que es el gobierno estatal el que "debe atender su reinstalación"; esto a pesar de los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en su momento prometió a los exempleados que su gobierno resolvería el problema.
