Más de 100 organizaciones de la sociedad civil exigieron una investigación sobre la destrucción de las oficinas de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca (Unosjo) ubicadas en el municipio de Guelatao, en la que aseguran que participaron ciudadanos y comuneros de Ixtlán de Juárez.
A través de un pronunciamiento, también demandaron que se respete el derecho adquirido de quienes han habitado por más de 20 años ese territorio (es decir, la Unosjo), "que además tiene una finalidad comunitaria".
Los organismos civiles responsabilizaron a las autoridades municipales y agrarias de Ixtlán de Juárez de destrucción de las oficinas, así como de cualquier afectación a la vida e integridad física de los integrantes de esta organización.
"Pedimos a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca agilice las medidas cautelares y puedan resarcirse los daños a la organización.
"Que se respete el litigio que está en curso, además de las dos resoluciones presidenciales que establecen claramente los límites con Ixtlán, así como el que las autoridades correspondientes, retomen los procesos jurídicos y se establezca una mesa de diálogo para resolver el conflicto, en el ánimo de que esta agresión no escale y genere una mayor confrontación".
El pasado 14 y 15 de marzo de 2021, un grupo de ciudadanos, comuneros y autoridades municipales y agrarias de Ixtlán de Juárez invadieron el terreno donde se encuentran las oficinas de la Unosjo para poner postes y luego destruir parte de sus instalaciones, entre ellas un invernadero, una galera con módulos de lombrices, dos tinacos de agua y uno de ferrocemento, así como árboles y plantas medicinales que hay en el lugar, afectando un poco más de un cuarto de hectárea, y dejaron sin agua a sus oficinas, las que llevan ocupando por más de 20 años.
Estos hechos se enmarcan en un conflicto territorial entre las comunidades de Ixtlán y Guelatao. Actualmente existe un juicio entre ambas comunidades porque aunque existen dos resoluciones presidenciales que establecen los límites, Ixtlán entró al programa Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR) y movió sus límites de manera unilateral, quedando las instalaciones de la Unosjo dentro de los terrenos en disputa.
"Es preocupante que la falta de acciones expeditas en torno a la administración de la justicia y en este caso, del litigio entre las dos comunidades, coloque a la población nuevamente en la confrontación y en el deterioro de la cohesión social, enfrentando a comunidades hermanas y pueblos de la misma identidad étnica", afirmaron los organismos civiles.
Señalaron también que la Unosjo es una organización indígena de la Sierra Norte de Oaxaca que lleva más de 25 años trabajando en defensa de los derechos humanos y colectivos de las comunidades indígenas de la región, así como de mujeres y hombres indígenas en la Sierra Juárez.
"Es de mencionar que a partir de los hechos se han desatado en redes sociales amenazas y una campaña de desprestigio contra la organización, en especial contra Aldo González, coordinador del Área de Derechos Indígenas", advirtieron.
