El Senado de la República pidió al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral vigilar que los procedimientos de renovación de la dirigencia nacional y seccionales de todos los sindicatos en México se realicen con apego al marco legal en la materia y a los tratados y acuerdos internacionales de los que el Estado mexicano es parte.
En un dictamen aprobado por la cámara alta, los legisladores destacaron que “en búsqueda de la legalidad y el respeto a los derechos de las y los trabajadores, la renovación de todos los sindicatos, principalmente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), es un proceso que debe prevalecer para garantizar y legitimar la vida democrática de todos sus agremiados”.
Señalaron que se trata de hacer efectivas las reformas constitucionales publicadas en 2017, así como las modificaciones que, en materia de justicia laboral y democracia sindical, fueron publicadas el 1 de mayo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que consolidaron la protección de los derechos de los trabajadores en nuestro país.
Los senadores subrayaron en particular que, durante las últimas cuatro décadas, la renovación de la dirigencia del SNTE ha sido poco frecuente, debido al corporativismo existente y al servicio que prestaba a los gobiernos que en ese momento se encontraban en el Poder”.
En el documento se recuerda que, durante 70 años, el SNTE apoyó al partido en el gobierno y logró mantener el control sobre sus agremiados, asegurando así la estabilidad política y la expansión continua del sistema educativo en México.
Sin embargo, se advierte que este modelo corporativista cobró un alto costo, tanto a los miembros de base dentro del sindicato, como en la calidad de la educación en México.
El dictamen resalta que es deber y responsabilidad del Senado coadyuvar en los procesos de implementación de las reformas en todos los ámbitos laborales, en beneficio de los trabajadores de cualquier rama laboral en toda la República Mexicana.
Recuerda además que la reforma constitucional de 2017 estableció los criterios para la democracia sindical, con el fin de que los trabajadores afiliados a una organización sindical puedan emitir su voto personal, libre, directo y secreto para la elección de su directiva, así como para conocer y aprobar sus contratos colectivos de trabajo, entre otros procesos democráticos.
