La pasada semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un decreto por el cual se declara como temas de seguridad nacional la realización de proyectos y obras emblemáticas de infraestructura de su Gobierno.
El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), señala que son de "interés público y de seguridad nacional" la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México que por sus características, naturaleza, complejidad y magnitud se consideren "prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional".
Estos proyectos, puntualiza, abarcan los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos, entre otros.
Así, el mandatario podría evitar que sus emblemáticos proyectos como el Aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas puedan ser frenados por amparos.
El “decretazo”, como fue bautizado, instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras, y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados.
Asimismo, señala que la autorización provisional será emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la solicitud correspondiente. "Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo", explica el documento. La autorización provisional tendrá vigencia de un año, contado a partir de su emisión, periodo en el cual se deberá obtener, conforme a las disposiciones aplicables, la autorización definitiva.
REACCIONES
Tras la publicación del decreto (acuerdo, según AMLO), el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío, aseguró que "es evidentemente inconstitucional" y Felipe Fernando Macías, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y legislador del PAN, aseguró que era "increíble".
En tanto, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) anunció que analizaba si el acuerdo "vulnera el derecho de acceso a la información", que ha sido el principal argumento en contra enarbolado por la oposición.
A LA DEFENSA
En su mañanera, AMLO quitó importancia al tema, asegurando que sirve "para agilizar trámites y que por los trámites burocráticos no se detengan las obras". Además de servir para "dar la confianza a las instituciones y a las empresas".
Agregó que “tenemos que avanzar, tenemos que terminar, concluir las obras. Esto no tiene nada que ver con la transparencia. Las secretarías, todos, estamos obligados a rendir cuentas".
Sin embargo, a pregunta expresa de los medios, sobre si ordenaría a su Gobierno aportar la información requerida pese al acuerdo, se mostró evasivo y se limitó a decir que “ellas (las dependencias y secretarías federales) ya lo saben”, sin ser transparente si quiera en esto.
Saque usted, querido lector, su propia conclusión.
