El costo inicial del tren maya era de 140 mil millones de pesos y se fue a casi 200 mil millones.
Empresarios de la Región Centro dijeron estar de acuerdo con las medidas que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación al suspender parte del decreto que brinda las obras del gobierno federal.
El alto tribunal dio trámite a una impugnación presentada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que alertaba de los riesgos de opacidad del acuerdo de López Obrador quien declaró que las obras son, “asunto de interés público y seguridad nacional.
El acuerdo reforzaba la protección de la publicidad y los datos relacionados con principales proyectos de infraestructura del sexenio como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas.
Ante este hecho histórico, el empresario restaurantero Armando de la Garza, Comisionado de Turismo en Cámara de Comercio Monclova, dijo que, la suspensión momentánea de las obras es un tema importante y le viene bien a la industria en el Caribe Mexicano y la Rivera Maya.
“Se da porque el tren maya cruza por muchísimas zonas con impactos ambientales, y cruzaban por propiedades de hoteles en construcción."
“Esta globalización de proyectos mal estructurada y planeada acarreo este tipo de problemas donde las empresas solicitaban información, el INAI que desde un principio se puso a favor de los empresarios porque no puede haber obras necesarias”, dijo Armando de la Garza.
Por su parte Enrique Ayala Quintanilla presidente la OCV (Oficina de Convenciones y Visitantes), Comentó que “Desde un principio no me parecieron las obras que presentó el presidente López Obrador. Debieron ser suspendidas, considero que no son viables y es mucha la inversión", dijo Enrique Ayala Quintanilla.
Agregó que, las construcciones del Tren Maya y el Aeropuerto Internacional son proyectos que ocasionan daños ambientales irreversibles. "No estoy en contra del progreso del país, pero creo que estas obras son innecesarias". Matiza.
El dirigente de la Cámara Nacional del Comercio Arturo Valdés Pérez, señaló que, la falta de transparencia en las obras del gobierno federal y el daño ambiental que empezaron ocasionar las construcciones del Tren Maya orillarían a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya suspendido las obras de infraestructura del gobierno federal.
Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un revés al acuerdo que brinda las obras insignia del gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó la resolución como buena, al igual que la decisión de que el INE deberá cumplir con la consulta de revocación de mandato aun con el recorte presupuestal para el 2022.
“Fueron muy buenas las decisiones de la Corte, porque queda el acuerdo vigente para no detenernos en trámites. Tenemos que estar alegres porque resolvió que hay que transparentar las acciones del gobierno, ya no hubo golpe de Estado”, dijo AMLO.
El primer mandatario aseguró que “solamente tenemos como gobierno que presentar los informes para que haya transparencia, que siempre dijimos que se iba hacer así”. Desde Palacio Nacional, López Obrador dijo que no era un asunto de transparencia, “De ocultar información, sino que era para poder avanzar, agilizar los trámites de las megaobras”.
El costo inicial del tren maya era de 140 mil millones de pesos y se fue a casi 200 mil millones. Se busca que su rentabilidad sea obtenida sobre todo por el turismo y la movilización de carga en toda la región de la península de Yucatán.
En tanto el costo total de la obra del Aeropuerto Internacional Santa Lucia es de 82 mil 136 millones de pesos.
