Difícilmente se alcanzará el porcentaje que se requiera para que esa consulta sea vinculatoria.
SALTILLO, COAH. - Un desperdicio de más de 500 millones de pesos será el saldo del capricho presidencial con la consulta para juzgar o no a los expresidentes, pues si hubo delitos no necesita preguntar, sino aplicar la ley, sostuvo Raúl Garza de la Peña.
El secretario general de la Unión de Organismos Empresariales Coahuila Sureste (Uoecs) consideró como una vacilada, lo que va a ocurrir el próximo domingo, con esa consulta organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE), a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Además, dijo que difícilmente se alcanzará el porcentaje que se requiera para que esa consulta sea vinculatoria y se pueda proceder penal o administrativamente contra los expresidentes, pues se requiere la asistencia de 37 millones de ciudadanos a las mesas de votación, si siquiera con los acarreos que pueda hacer Morena.
No hay claridad
Otra observación que hace el líder empresarial es sobre la falta de claridad, en la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la pregunta que se hará a los mexicanos, pues ahí no habla de delitos y tampoco de expresidentes, sino de decisiones tomadas por políticos en el pasado.
