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El Supremo español revisa la sentencia por matanza de jesuitas en El Salvador

El Supremo español revisa la sentencia por matanza de jesuitas en El Salvador
AGENCIAS / EL TIEMPO
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El Tribunal Supremo (TS) español revisará este miércoles la sentencia que condenó en septiembre pasado al excoronel y exviceministro de Seguridad Pública de El Salvador Inocente Montano a 133 años y cuatro meses de prisión como responsable de los asesinatos de cinco jesuitas españoles en 1989, entre ellos Ignacio Ellacuría.

Según informaron a Efe fuentes jurídicas, cinco magistrados se reunirán para la deliberación y fallo sobre el recurso de casación de la defensa del exmilitar contra la sentencia de la Audiencia Nacional española, que lo consideró responsable de haber planeado y ordenado, junto a la cúpula castrense de su país y el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994), la matanza.

En el juicio, Montano se desmarcó de cualquier decisión, diseño o ejecución de los asesinatos, cometidos en el campus de la Universidad Centroamericana, de que la que Ellacuría era rector.

Pero la setencia consideró probado que los crímenes "fueron urdidos, planeados, acordados y ordenados por los miembros del alto mando de las Fuerzas Armadas (salvadoreñas), órgano al que pertenecía Inocente Orlando como viceministro de la Seguridad Pública".

Además, participó en la decisión por la cual se "transmitió la orden de realizar las ejecuciones al coronel director de la Escuela Militar", Guillermo Benavides, un mando medio que es el único condenado en El Salvador.

La resolución judicial condenó a Montano, único dirigente del alto mando enjuiciado por estos hechos en España, como autor de cinco delitos de asesinatos de carácter terrorista.

Igualmente, le atribuyó los asesinatos de un jesuita salvadoreño, así como de la cocinera de la universidad y su hija de 15 años, si bien no puede ser condenado en España por estos hechos ya que EU no lo extraditó por estas últimas muertes.

A la espera de la decisión del TS, la Audiencia Nacional fijó un tiempo máximo de prisión que no podrá exceder de los 30 años, si bien hay que restarle los que lleva en prisión provisional, desde 2017, y el tiempo que pasó en Estados Unidos mientras resolvía su extradición a España, dos años.

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