La mayoría de desapariciones son atribuidas a las pandillas, pero el estudio advierte sobre la posible participación de los miembros de las fuerzas de seguridad
San Salvador.- La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador recibió entre los años 2014 y 2019 más de 22.000 denuncias de personas desaparecidas, con un promedio diario de diez casos, de acuerdo con un estudio dado a conocer este miércoles.
El documento "Desaparición de Personas en El Salvador", de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), da cuenta de que en ese lapso la Policía Nacional Civil (PNC) recibió 12.495 denuncias, pero el dato de la FGR fue de 22.307.
"Pese a la falta de protocolos de registro y a la desidia con que la PNC y la Fiscalía abordaron durante mucho tiempo los casos que llegaban a sede administrativa, los reportes de desapariciones han registrado un incremento progresivo desde el 2005", señala el estudio.
Añade que "en años recientes las cifras se han equiparado, e incluso superado, a la cifra anual de homicidios" y que el registro de "personas reportadas como desaparecidas es superior a las estimaciones de desaparecidos durante la guerra civil (1980-1992) de entre 8.000 y 10.000.
El documento señala que "las víctimas más frecuentes de la desaparición son adolescentes y hombres jóvenes" y, aunque las mujeres "reportan menor incidencia", los registros policiales disponibles desde 2010 indican que "las niñas y mujeres desaparecidas representan entre el 30 % y 40 % de las víctimas".
"Estos alarmantes datos debieron haber propiciado una respuesta eficaz del Estado desde hace más una década, respecto al creciente uso de los cuerpos de las mujeres, tanto para la disputa de poder territorial entre grupos criminales, como para posibles actividades de la criminalidad organizada, como la trata de mujeres", apunta la investigación.
Fespad recomienda en el documento someter a discusión en la Asamblea Legislativa una "Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas", que siga los "estándares internacionales de derechos humanos y de derecho internacional humanitario".
"Esta normativa debería regular además los mecanismos y estrategias de búsqueda inmediata y posterior que deben llevar a cabo las instancias del Estado. Es fundamental que esta ley reconozca los derechos de los familiares de personas desaparecidas por la violencia actual, el conflicto armado y por razones migratorias", subraya.
La mayoría de desapariciones son atribuidas a las pandillas, pero el estudio advierte sobre la posible participación de los miembros de las fuerzas de seguridad y otras relacionadas con la violencia machista.
Israel Ticas, uno de los forenses más reconocidos en el país y que trabaja para la Fiscalía, ha señalado en diferentes ocasiones que si una persona pasa más de ocho días desaparecida existe una alta probabilidad de que haya sido asesinada y enterrada en un cementerio clandestino.
