El Salvador ha asignado 999.3 millones de dólares para atender la emergencia por la pandemia del coronavirus, de los que un 70.5 % provienen de nuevo endeudamiento, así lo señala un informe sobre el estado del financiamiento para responder a la pandemia presentado este martes.
Ricardo Castaneda, coordinador del Comité de Seguimiento y Veeduría Ciudadana, entidad encargada de elaborar dicho documento, explicó a Efe que de los 999,3 millones de dólares, 705 millones dólares provienen de endeudamiento externo, cuyo financiamiento ha sido aportado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Castaneda indicó que el informe, que comprende un análisis de datos de entre marzo de 2020 al 25 de enero de 2021, también revela que se hicieron recortes para sostener ese financiamiento.
"Lo que se hizo fue recortar a otras partidas de gasto, por ejemplo, el pago de la deuda externa que ya se tenía, recortar al programa de combate a la pobreza del (Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador), y se redujo el programa de subsidio de gas propano", indicó.
Además, señaló que en el marco de la pandemia, el órgano Ejecutivo y Legislativo "deciden crear una institucionalidad específica para poder atender la emergencia y a partir de ahí es que constituyen el Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica".
Sin embargo, "lo que nosotros hemos encontrado es que la junta directiva del fondo no se ha reunido, por lo tanto no tenemos evidencia de que en realidad se hayan diseñado o atendido la elaboración de planes para atender la emergencia", sostuvo.
Agregó que "el mayor mecanismo al cual le fueron asignados los recursos (para la pandemia) fue a FOPROMID (Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres), que no se está obligado a cumplir con la ley de compras y de adquisiciones y abre el espacio para que se pueden hacer transferencias a otras instituciones sin el aval de la Asamblea Legislativa".
"En síntesis, usar el FOPROMID en lugar del fondo hay más discrecionalidad y hay menores mecanismos de rendición de cuentas y de transferencias", enfatizó.
El Comité de Seguimiento y Veeduría Ciudadana fue constituido en agosto de 2020 y está integrado por representantes de universidades y de centros de pensamientos especializados.
El informe elaborado por esta entidad, que sería el tercero, fue enviado a la Asamblea Legislativa y a la Corte de Cuentas de la República (CCR).
