La dependencia adquirió 90 de estos kits, por los cuales pagó poco más de un millón de pesos (más de 49,000 dólares).
Ciudad de México,- La Secretaría de la Función Pública de México, encargada del combate a la corrupción, compró pruebas de la COVID-19 tres veces más caras a una empresa sin empleados y sin experiencia, denunció este martes la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
De acuerdo con una investigación realizada por esta ONG, la dependencia, en la que estuvo a cargo Irma Eréndira Sandoval hasta este lunes, pagó 11,625 pesos (571 dólares) por un kit que contenía 25 pruebas de antígeno para detectar el coronavirus SARS-CoV-2
El reportaje detalla que, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), un kit con características idénticas podía adquirirse en el mercado en solo 3,100 pesos (152 dólares).
A través de un contrato firmado el 24 de diciembre de 2020, la dependencia habría adquirido 90 de estos kits, por los cuales pagó poco más de un millón de pesos (más de 49,000 dólares).
Esta investigación salió a la luz apenas un día después de que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, destituyera sin dar explicaciones a Sandoval al frente de la secretaría para sustituirla por Roberto Salcedo, hasta ahora subsecretario de la misma institución.
De acuerdo con la investigación de MCCI, la empresa Grupo Val Integra, que vendió estas pruebas, fue creada el 9 de diciembre de 2015 por dos jóvenes de 29 y 27 años para la comercialización de todo tipo de productos, pero no cuenta con empleados ni experiencia.
Además, su domicilio legal se ubica en la parte superior de una tienda de abarrotes, en el municipio de Naucalpan, en el central Estado de México, donde reside uno de sus socios.
En el reportaje, Víctor Omar Pérez, socio y administrador justificó que las diferencias en el precio se debieron a que la empresa contratada ofreció el servicio de toma de muestras en las instalaciones de la Secretaría.
Este mismo argumento, apuntó MCCI, lo dio un portavoz de la dependencia federal.
Sandoval fue nombrada en 2018 al frente de la Secretaría de la Función Pública para combatir la corrupción, una de las promesas estrella de presidente López Obrador.
Sin embargo, su gestión fue empañada por la polémica exoneración del director de la eléctrica pública CFE, Manuel Bartlett, acusado de ocultar bienes, y por un reportaje que descubrió cinco casas en propiedad de Sandoval y su esposo.
Al anunciarse su relevo este lunes, Sandoval reivindicó "buenas cuentas de su gestión", como la aprobación de la Ley de Austeridad, la mejora de 14 posiciones en el índice de percepción de corrupción internacional y las sanciones contra 371 empresas.
