Tras un difícil 2020 debido a la pandemia de la covid-19, al Defensor del Pueblo panameño, Eduardo Leblanc, le preocupa la conflictividad social y el rezago educativo en este 2021 y su impacto en materia de derechos humanos en Panamá.
Las cifras dejan claro el golpe que la pandemia ha propinado a este país de 4.2 millones de habitantes: los confinamientos y restricciones de 2020 llevaron a un desplome de la economía que se calcula en torno al 9 %, un desempleo que trepó al menos hasta el 18.5 % -la tasa más alta en 20 años- y a que miles de estudiantes se quedaran fuera del sistema.
Y el 2021 no comenzó bien. Un nuevo confinamiento, primero nacional y ahora limitado a la capital y sus alrededores, busca frenar un agresivo repunte pandémico en Panamá, que acumula ya 4,238 muertes y 259,770 contagios confirmados desde marzo.
