Desde el despliegue del Instituto Nacional de Migración (INM), Ejército, Guardia Nacional y Policías en la frontera con Guatemala, el pasado 19 de marzo, han ocurrido "diversas situaciones violatorias a los derechos humanos, hacia las personas migrantes con necesidades de protección internacional en los corredores que conforman la frontera sur de México", consideró el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste de México.
En un documento, el Colectivo asegura que entre las violaciones a los derechos humanos de los migrantes que buscan llegar a la frontera con Estados Unidos, está la "privación de la libertad bajo condiciones indignas de hacinamiento, falta de protocolos y medidas de bioseguridad ante el Covid-19, espacios insalubres, falta de alimentación adecuada, nula atención médica y de espacios diferenciados por género en la Estación Migratoria conocida como La Mosca", en el municipio de Chiapa de Corzo.
Además, el personal de seguridad privada, que se encarga de vigilar a los migrantes centroamericanos que no escapen de los centros de detención, "utiliza lenguaje amenazante y abusivo con las personas detenidas y no se les garantiza el derecho a la comunicación con el exterior".
Desde el 19 de marzo han sido detenidas mujeres con niños y adolescentes, pero también infantes no acompañados, hechos que son "contrarios a la Ley de Migración vigente en las estaciones migratorias de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Comitán y el Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo (CAITF), de La Trinitaria".
En el escrito, las organizaciones que integran el Colectivo lamentan el "absoluto desconocimiento" y la "nula actuación" de las procuradurías a cargo de la protección de los niños no acompañados, así como el DIF estatal y municipal, ante la detención de los infantes que viajaban solos o con sus padres o familiares.
Dice que la "invisibilidad de las necesidades de protección internacional de las personas víctimas de desplazamiento forzado y por ende, falta de acceso a la protección internacional y otras formas de regularización migratoria en México".
Agrega que la "narrativa de seguridad" del Estado mexicano, "criminaliza a las personas migrantes, con un falso discurso de derechos humanos, legítima el uso excesivo de la fuerza hacia las y los migrantes en México".
Esto ha provocado la muerte de dos personas migrantes, por parte de las fuerzas de seguridad, en la última semana, como es el feminicidio de la salvadoreña Victoria Salazar, por parte de Policías Municipales de Tulum y el asesinato de Elvis "N", en Mazapa de Madero, por parte del Ejército.
El observatorio dice que se ha "obstaculizado y obstruido" las labores de observación y monitoreo de la situación de derechos humanos a las organizaciones de la sociedad civil y periodistas en las estaciones migratorias de Tuxtla y Chiapa de Corzo, pese a que se cuenta con permiso de ingreso.
Pide la intervención inmediata de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Chiapas, DIF Regional y Municipal, "para garantizar que se respete el derecho al acceso a la protección internacional de las 59 personas detenidas en el CAITF de La Trinitaria, el jueves 1 de abril y que era parte de una caravana que había ingresado por la frontera La Mesilla-Cuauhtémoc".
En el grupo se encuentran 18 menores no acompañados, "que deben ser inmediatamente atendidos por los DIF y trasladados a instalaciones que no sean del INM".
Finalmente, exigen un alto a la eliminación de la detención/deportación, como "medido de control de flujos y la puesta en marcha de medidas que permitan pasar en libertad procedimientos administrativos migratorios y solicitudes de asilo en México".
Integran el Colectivo, American Friends Service Committee – Oficina Regional América Latina y el Caribe (AFSC), Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Centro de Derechos Humanos Tepeyac y otras.
