Diversas organizaciones señalaron que la Asamblea Legislativa "ha ignorada deliberadamente su obligación de producir una ley de reconciliación".
San Salvador,- Un conglomerado de organizaciones humanitarias de El Salvador denunció este martes la continuidad de la impunidad en los crímenes de guerra registrados entre 1980 y 1992 a pesar de que ha pasado un lustro desde que estos delitos se pueden juzgar por la anulación de una amnistía.
En julio de 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia anuló la ley de amnistía de 1993 y con esto abrió las puertas para juzgar los delitos de lesa humanidad perpetrados en la guerra civil, la mayoría por el Ejército.
De acuerdo con las organizaciones, el incumplimiento del fallo "ha sido casi absoluto por parte de todos los poderes e instituciones estatales obligadas, favoreciendo con ello la impunidad de violadores de los derechos humanos".
Las organizaciones, entre las que se encuentran Cristosal, Tutela Legal "María Julia Hernández", Pro-Búsqueda, Concertación Monseñor Romero, entre otras, señalaron que la Asamblea Legislativa "ha ignorada deliberadamente su obligación de producir una ley de reconciliación" que garantice justicia y reparación para las víctimas.
Recordaron que en febrero de 2020 se aprobó una ley que "neutralizaba posibles condenas" y que fue señalada de una nueva amnistía "de facto" y que finalmente fue vetada por el presidente Nayib Bukele.
No obstante, señalaron al Gobierno de Bukele y al Ejército de haber "obstaculizado investigaciones al negar el acceso a archivos militares históricos"."Demandamos a todos los poderes e instituciones obligados por la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía dar pleno cumplimiento a la misma y superar las acciones u omisiones que favorecen a los victimarios", sostuvieron en un comunicado de prensa.
La anulación de la ley de amnistía de 1993 permitió la reapertura de los procesos por el magnicidio de monseñor Óscar Arnulfo Romero (1980), ahora santo de la iglesia católica, la masacre de unos 1,000 campesinos en El Mozote (1981) y de seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres (1989).
Sin embargo, el proceso sobre el asesinato de Romero registra pocos avances y la Sala de lo Penal cerró la causa contra los supuestos autores intelectuales de la masacre de los jesuitas.
Por los crímenes cometidos en la guerra civil solo purgan penas de 30 años el coronel Guillermo Benavides, condenado por la matanza de los jesuitas, y José Dimas Valle, cabo de la extinta Guardia Nacional sentenciado por asesinar a un funcionario local y a dos asesores estadounidenses.
