Lo segundo que consideran inconstitucional es la creación de un observatorio ciudadano dentro del Iaip.
OAXACA DE JUÁREZ, Oax.,- Trabajadores del recién creado Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca (OGAIPO) denunciaron que los nuevos comisionados los quieren obligar a firmar sus renuncias para no pagarles lo que por ley les corresponde al ser despedidos.
Entre la lista de los trabajadores a los que les han solicitado su renuncia son Guadalupe Gustavo Díaz Altamirano, quien se desempeñaba como secretario general de Acuerdos del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Iaip); a Eugenio Arafat Chávez Bedolla, director de Gobierno Abierto; a Fernando Cruz Ríos, director de Administración; a Eugenia Concepción Venegas Cruz, secretaria de Acuerdos y a Edwin Robles Hernández, director de Tecnologías.
Hasta el momento, Mildred Fabiola Estrada Rubio, directora de Capacitación, Comunicación, Evaluación, Archivos y Datos Personales, se mantiene en su cargo.
El pasado lunes 1 de noviembre de 2021, el Consejo General del OGAIPO celebró su Segunda Sesión Extraordinaria en la que Luis Alberto Pavón Mercado tomó protesta como Secretario General de Acuerdos de esta institución.
Mientras que en la primera sesión los comisionados se autodesignaron de la siguiente manera: de Xóchitl Elizabeth Méndez Sánchez como Comisionada de Acceso a la Información Pública; Josué Solana Salmorán como Comisionado de Protección de Datos Personales; Claudia Ivette Soto Pineda como Comisionada de Normas y Principios del Buen Gobierno y María Tanivet Ramos Reyes como Comisionada de Transparencia.
Los trabajadores inconformes afirmaron a EL UNIVERSAL que algunos se han negado a firmar sus renuncias; esto, señalaron, ha detenido momentáneamente las pretensiones de los nuevos comisionados.
Actualmente están pendientes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva dos acciones de inconstitucionalidad promovidas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y por el Iaip.
Así como de los amparos interpuestos contra la creación del OGAIPO y la creación de la nueva Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, aprobadas por la 64 Legislatura del Estado.
Las acciones de inconstitucionalidad señalan que en Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, los legisladores de la 64 Legislatura del Congreso del Estado ampliaron de cinco a 10 años el periodo de reserva de información.
Es decir, el doble de tiempo establecido en la Ley General de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, así como en las legislaciones del resto de las entidades federativas.
Lo segundo que consideran inconstitucional es la creación de un observatorio ciudadano dentro del Iaip, así como las facultades fiscalizadoras que otorgan a este observatorio; funciones que le corresponden al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFEO), a la Secretaría de la Contraloría y al órgano de control interno del mismo instituto local.
