La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) informó que inició el expediente DDHPO/CA/0424(01)/OAX/2021, sobre el caso de enganche de niños originarios de Tlacolula de Matamoros, quienes eran retenidos en Santa Lucía del Camino con la promesa de conseguirles un empleo en Nuevo León.
Con ello, la Defensoría pidió a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) medidas de protección para las víctimas, así como sus familias, además de requerir la realización de una investigación pronta, expedita y colaborativa con otras entidades para atender de raíz la problemática.
Al respecto el organismo autónomo señaló que es urgente que las autoridades cuenten con protocolos de prevención y atención inmediata de estos casos, especialmente ante el uso de videojuegos en línea para enganchar a niños y adolescentes con fines aparentes de explotación, trata de personas e incluso, para actividades del crimen organizado.
Consideró indispensable que el país cuente con mecanismos legales que regulen contenidos y usuarios nocivos en redes sociales, principalmente dirigidos a niñas, niños y adolescentes.
Sobre el caso de los niños de Tlacolula, advirtió que el Estado debe establecer un marco jurídico integral y estrategias para proteger a niñas, niños y adolescentes en el entorno digital, que abarque desde la detección temprana de casos, servicios adecuados, mecanismos de denuncia adaptados para niñas, niños y adolescentes, así como búsquedas inmediatas cuando se registran desapariciones, "ya que este tiempo es fundamental para lograr recuperar a los niños, niñas y adolescentes".
Lo anterior, dijo, debido a que en la actualidad, niñas, niños y adolescentes pasan mayor tiempo expuestos a contenidos en internet, además de contar con teléfonos móviles inteligentes, o tabletas, aparatos que se han convertido en instrumentos también para ocultar la identidad de grupos criminales.
Por ello la Defensoría aseguró que se requiere una legislación que "permita hacer a las redes sociales espacios seguros para niñas, niños y adolescentes, además de que las madres y padres e incluso personal educativo, estén informados sobre los controles parentales y de monitoreo respecto a lo que ven, juegan y comunican sus hijas e hijos, o estudiantes, a través de las distintas redes sociales".
Reconoció que este es un problema complejo; sin embargo, sostuvo que debe ser atendido ya que sus efectos son enormes para los derechos y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Recordó que la pandemia de Covid-19 incrementó el uso del internet para la interacción, procesos de aprendizaje y sociabilización de niñas, niños y adolescentes, lo que a su vez repercutió en nuevas formas de violencia trasladada al ámbito digital.
"Internet y las tecnologías de la información son una herramienta que sirve para impulsar los derechos de niñas, niños y adolescentes, por ello se requiere que el consumo digital sea saludable (…) es fundamental adoptar la tecnología a través de una perspectiva centrada en el interés superior de la niñez impulsando una agenda digital empoderadora, inclusiva y segura para niñas, niños y adolescentes", señaló en un comunicado.
