Con el propósito de inhibir los delitos de corrupción en servidores públicos o particulares, el Congreso de Sonora aprobó la "Muerte Civil" a quienes hayan sido acusados de esos ilícitos.
Esta ley inhabilita y castiga con hasta 50 años cárcel, además obliga a regresar lo robado, a quienes realicen este tipo de prácticas.
La iniciativa presentada por la diputada panista Alejandra López Noriega busca combatir la impunidad, garantizar la reparación del daño patrimonial (que regresen lo robado) y declarar la "muerte civil" de funcionarios públicos y particulares que incurran en actos de corrupción.
"Pretendemos que Sonora sea el primer estado en establecer, por la vía penal, la llamada "Muerte Civil" como un acto de verdadero impulso hacia la eliminación de todas las formas de corrupción y con ello escuchar el llamado desesperado de los ciudadanos que exigen actuar contra esta problemática", explicó Alejandra López Noriega.
La congresista celebró la aprobación de la iniciativa, la cual contiene reformas como la modificación al Título Séptimo del Código Penal de Sonora para denominarlo "Delitos Por Hechos de Corrupción".
Tiene como propósito que abarque no solamente a los servidores públicos sino también a particulares que participen en este tipo de delitos que merman el desarrollo y alimentan la desigualdad e injusticia entre sus habitantes.
