Este es el segundo juicio que enfrentan Rauda y Hernández por los mismos delitos debido a que un corte de apelaciones anuló un falló absolutorio de 2019 y ordenó repetir la diligencia.
San Salvador,- Una corte de sentencia de El Salvador concluyó este lunes un juicio contra dos exjefes de las prisiones del país acusados de malversación de fondos estatales, que quedan a la espera del fallo, previsto para este viernes.
Se trata de Nelson Rauda y Rodil Hernández, quienes dirigieron la Dirección General de Centros Penales (DGCP) en los períodos 2012-2013 y 2013-2017, respectivamente, y son procesados por los delitos de actos arbitrarios y administración fraudulenta.
Uno de los fiscales del caso indicó a la prensa que durante el juicio testificaron el exministro de Seguridad Benito Lara y el exministro de la Defensa David Munguía Payés.
Indicó que, a su juicio, estos testigos "fortalecieron la tesis fiscal" para establecer los delitos atribuidos porque "confirman la existencia de gastos fuera del marco legal".
Añadió que una de las personas que se presentaba como supuesta víctima de las administraciones de Rauda y Hernández no acudió al juicio, lo que consideró que no representa un obstáculo para conseguir una condena.
Manuel Chacón, uno de los abogados defensores, dijo a periodistas que "los hechos imputados por la Fiscalía no lograron establecerse" al no existir una supuesta víctima.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, los fondos supuestamente fueron utilizados para fines distintos a los que establece el Reglamento General de la Ley Penitenciaria, que ordena que se inviertan en "mejorar el sistema penitenciario".
Los acusados supuestamente utilizaron 200.193 dólares entre los años 2012 y 2014 para pagos de "inteligencia", pero el dinero se habría utilizado para el pago de salarios, bonificaciones y viáticos de personas que presuntamente colaboraron con una tregua entre las pandillas o "maras".
Entre 2012 y 2014, las principales pandillas de El Salvador pactaron una tregua para reducir los índices de violencia en el país, armisticio que fue impulsado por el expresidente Mauricio Funes (2009-2014), según reconocieron él mismo y otros funcionarios.
Funes atribuyó a la tregua entre las pandillas una sensible baja en las cifras de homicidios, pero tras su fin, el país experimentó alzas sostenidas de muertes violentas hasta marcar las 103 por cada 100,000 habitantes en 2015.
