Con la Ley de Amnistía que entró en vigor este 5 de marzo, más de mil 500 mujeres que fueron privadas de su libertad, en su gran mayoría por su condición de vulnerabilidad como pobreza, haber sido obligadas a delinquir, abortar o por defender su integridad física, pueden ser liberadas, dijo el diputado Max Correa Hernández.
En tanto en la Plaza Mártires de Toluca, frente a la legislatura mexiquense y al Tribunal Superior de Justicia se dieron cita cientos de familiares de presos del Estado de México, que buscan la liberación de sus padres, hermanos e hijos que fueron detenidos por delitos menores como narcomenudeo, aborto e incluso robo con violencia, pero sin el uso de armas de fuego, señaló Antonio Lara Duque, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL).
El CDHZL, asociación civil, montó carpas para atender estas peticiones de liberación de los diversos centros penitenciarios mexiquenses, para hacer valer la nueva Ley de Amnistía del Estado de México, con el apoyo de jóvenes abogados quienes de entrada calculan tener unos 600 expedientes, que buscan ser liberados.
Tan sólo del delito de robo sin arma de fuego hay unos 5 mil casos, de acuerdo a datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, además de delitos de alto impacto como secuestro, extorsión y homicidio que incluso fueron procesados.
"Pero son inocentes por falta de una defensa, por tortura y por violaciones al debido proceso que los mantienen en prisión", son quienes necesitan el pronunciamiento de la Comisión de Derechos humanos o de la Legislatura, apuntó Antonio Lara.
Los daños colaterales que provoca un encarcelado, "lo sufren principalmente las esposas, hijas o madres de la víctima, ya que son ellas las que les llevan dinero para que no los golpeen, son ellas las que les llevan alimentos y buscan el abogado que los va a defender, es decir, son las que enfrentan ese sistema penal que criminaliza la pobreza y sobre todo avasalla a las mujeres", afirmó Max Correa.
El legislador morenista señaló que de acuerdo con cifras de la ONG Reinserta, la media de años que recibe una mujer por cometer un delito similar al que comete un hombre es de 23 años, mientras que para el varón es de 17.
Para su defensoría también encuentran mayores retos, debido a que las mujeres son mayoría en la contratación de servicios de abogados de pago, el 48 por ciento de las mujeres privadas de la libertad recibió un abogado de oficio mientras que la cifra para los hombres es de 32 por ciento.
El gasto medio que ejercen las mujeres para defenderse también es mayor. En términos monetarios las mujeres gastan en promedio 155 mil 593 pesos en su proceso de defensoría, mientras que el gasto de los hombres se reduce en 36 por ciento, en promedio ocupan 100 mil 522 pesos.
El diputado de Morena detalló que alrededor de seis mil personas privadas de su libertad pueden obtener el beneficio de la Amnistía, como las indígenas, campesinas y mujeres pobres que fueron acusadas por delitos contra la salud por consumir mariguana o porque les sembraron droga.
