Esas conclusiones se presentaron este lunes ante el Parlamento burundés.
Buyumbura.- Una investigación de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación (CVR) de Burundi concluyó que los asesinatos cometidos por las Fuerzas de Seguridad y otras instituciones leales al Gobierno burundés en 1972 y 1973 pueden considerarse un “genocidio" contra la etnia hutu.
Esas conclusiones se presentaron este lunes ante el Parlamento burundés, si bien trascendieron este miércoles en los medios locales.
"Según nuestro estudio, todas las instituciones del Estado, desde el presidente de la República hasta los políticos locales, el partido UPRONA (gobernante entonces), la Justicia y el Ejército participaron y facilitaron detenciones y asesinatos contra los hutus”, afirmó el presidente de la CVR, Pierre Claver Ndayicariye.
La comisión desenterró los restos de 19.897 personas arrojadas a 691 fosas comunes de las 1.900 ya identificadas hasta el momento en diez provincias del país.
"Las fosas comunes están entre los indicios innegables que confirman que el poder de la época planeó y llevó a cabo las masacres contra los burundeses de la etnia hutu en 1972-1973", subrayó Ndayicariye.
La CVR también reconoció que, además de las matanzas generalizadas contra los hutus, hubo crímenes contra la humanidad que “costaron la vida a algunos tutsis”.
Abel Gashatsi, diputado del partido UPRONA, negó cualquier responsabilidad de su partido en las masacres de 1972-1973.
Según él, el país estaba en ese momento administrado por un consejo de seguridad y el presidente de la República, Michel Micombero.
"No se realizó ninguna reunión del partido UPRONA como formación política para planificar y ejecutar estos delitos. Por tanto, la CVR no puede culpar a nuestro partido político", alegó Gashatsi.
Durante el período colonial, las administraciones alemanas y belgas separaron a la población de Burundi en dos grupos: tutsis (el 15 % de la población y con acceso a las esferas políticas y una educación formal) y hutus (campesinos relegados a un segundo plano).
Estas diferencias generaron tensiones que, después de la independencia de Burundi en 1962, produjeron, varias oleadas de violencia.
En 1972, un levantamiento pro-hutu en el sur del país en contra del entonces presidente, Michel Micombero (tutsi), terminó con la vida de unas 2,000 personas tutsis.
En represalia, las Fuerzas de Seguridad empezaron ese año una campaña para asesinar a todos los hutus con cierto nivel educativo, matando a unas 200,000 personas.
Asimismo, los enfrentamientos entre hutus y tutsis por el control social y político de Burundi desencadenaron una guerra civil que, desde 1993 hasta el año 2005, causó más de 300,000 muertos y un millón de burundeses huyeron como refugiados a otros países.
La CVR se creó en mayo de 2014 para investigar los conflictos interétnicos que sacudieron al pequeño país africano desde la independencia de Bélgica el 1 de julio de 1962 hasta la firma de un alto el fuego con el último grupo rebelde el 4 de diciembre de 2008.
Sin embargo, una nueva ley aprobada por el Parlamento de Burundi en octubre de 2018 prolongó el mandato de la Comisión de Verdad y Reconciliación por cuatro años para cubrir también el período colonial desde 1885.
