"Aunque con la reforma educativa del gobierno de la autodenominada 4T nos colocan nuevamente en un régimen excepción laboral"
OAXACA, Oax.,- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció que se opondrá a que se les imponga a los maestros la obligación de presentar su declaración patrimonial y de intereses; afirmó que se trata de hostigamiento administrativo y que es ilegal porque los profesores no son servidores públicos.
Mediante un pronunciamiento, explicaron que esta responsabilidad únicamente es obligatoria para los representantes de elección popular, los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y en general, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como los servidores públicos de los organismos a los que la Constitución otorgue autonomía.
"Quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. De acuerdo a los artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas publicado en el Diario Oficial de la Federación en el 2016, ratifica que solamente los servidores públicos deben rendir su Declaración patrimonial e intereses y precisa lo que se debe entender como servidor público".
En el caso de los trabajadores de la educación, la CNTE aseguró que se encuentran regulados por la Ley Federal del Trabajo, "aunque con la reforma educativa del gobierno de la autodenominada 4T nos colocan nuevamente en un régimen excepción laboral".
"Por tanto, no estamos obligados a rendir la declaración patrimonial y de intereses, así como no ser merecedores de ningún tipo de sanción, por no ser servidores públicos. Además de se contradictoria, riesgosa y violatoria del Acuerdo del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción publicado en el DOF el 23 de septiembre de 2019".
La CNTE sostuvo que es una obligación innecesaria, porque la declaración patrimonial y de intereses de las trabajadoras y trabajadores al servicio del Estado no tienen bajo su encargo recursos o bienes públicos y viven de su salario, y de ninguna manera contribuyen al combate a la corrupción.
Es una obligación contradictoria, apuntó, porque bajo la amenaza de perder el empleo, se impone a personas trabajadoras que no representan una mínima amenaza al patrimonio público, mientras que ordinariamente se exhiben casos de funcionarios y exfuncionarios que "han cometido atracos millonarios a las instituciones del Estado, y no solo permanecen en total impunidad, sino hasta pueden contender por altos cargos de elección popular o disfrutar de diversas prerrogativas para eludir la aplicación de la ley".
Además, aseguró que es una acción riesgosa, pues no hay garantía de que la información que presentan las personas obligadas se conserve a salvo de grupos o personas que se dedican a cometer delitos con información personal, alojada en sitios poco seguros o bajo la custodia de personas no confiables.
Recordó que la Secretaría de Educación Pública recaba año con año toda información personal de los trabajadores de la educación a través de diversos formatos al inicio y cierre de cada periodo escolar.
Por último, mencionó que la obligación impuesta por las autoridades administrativas federales y de los estados se contradice con el Acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) emite cambios al formato de las declaraciones y a las normas e instructivo para su llenado y presentación, publicado en el DOF el 23 de septiembre de 2019.
"Bajo estos argumentos sostenemos como coordinadora no rendir la declaración patrimonial y de intereses y exigimos un alto al hostigamiento que diversas autoridades educativas realizan contra los trabajadores de la educación, así como su cancelación inmediata y se aplique a todos los funcionarios de gobierno estatal y nacional, Congreso de la Unión, Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ser quienes han vivido del erario público y provocado todo acto de corrupción".
