La obligaron a inhalar cocaína y a realizar cuatro disparos al aire, refirió la persona del sexo masculino.
CIUDAD DE MÉXICO,- El 29 de septiembre de 2017, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron a una persona cuando manejaba hacia el domicilio de su madre, en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas.
Eran cerca de 12 marinos que la subieron a otro vehículo con los ojos vendados y las manos esposadas, según la queja que la víctima interpuso en octubre del mencionado año ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Relató que la golpearon y la amenazaron con privarla de la vida. La obligaron a inhalar cocaína y a realizar cuatro disparos al aire, refirió la persona del sexo masculino.
Además, señaló que ejecutaron en su contra violencia física y tortura psicológica, pues amenazaron con "tablearlo" y "violar a su esposa", hasta que fue llevado a la delegación de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en Reynosa, cerca de las 12:00 horas.
En tanto, su madre relató que cerca de las 6:30 horas del 29 de septiembre de 2017, los elementos de la Semar y de la Policía Estatal de Tamaulipas ingresaron a su domicilio sin mostrar orden de cateo ni identificarse y revisaron el interior del inmueble, afectando algunas de sus pertenencias.
Indicó que cerca de las 16:00 horas del mismo día tuvo conocimiento de que su hijo estaba detenido en la ciudad de Reynosa, donde se le imputaba el delito de portación de armas y delitos contra la salud, señalando falsamente que fue detenido en Progreso, Tamaulipas, cuando en realidad fue detenido en Matamoros.
Tras realizar un análisis jurídico del expediente de queja, la CNDH acreditó violaciones a derechos humanos, a la libertad personal, a la seguridad y a la integridad de la persona víctima de detención arbitraria, retención ilegal y actos constitutivos de tortura, así como a la inviolabilidad del domicilio de una segunda víctima, atribuibles a elementos de la dependencia.
Ante ello, dirigió la recomendación 41/2021 al secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, a fin de garantizar la reparación integral del daño causado a las dos víctimas, que incluya una compensación justa y suficiente.
"Que ambos sean inscritos en el Registro Nacional de Víctimas. Que colabore ampliamente en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos y queja administrativa que esta Comisión Nacional formule ante la Fiscalía General de la República y ante el Órgano Interno de Control en la Semar, a fin de que se investigue y determine la responsabilidad de los implicados y demás elementos navales que participaron en los hechos", informó el organismo.
