Los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 tendrán un impacto en la entrega de participaciones federales estimadas para el ejercicio fiscal 2021, debido a que la ley de Coordinación Fiscal establece a la población o número de habitantes como la variable con mayor peso a considerarse dentro las fórmulas utilizadas para el cálculo con que se definen los porcentajes de distribución del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, dijo Fitch Ratings.
Según la agencia al considerar únicamente el peso de la variable población, el efecto en el monto agregado 671.7 mil millones de pesos a distribuirse es nulo; no obstante, al analizar el impacto de la nueva composición poblacional en México, en lo individual, para cada entidad federativa los montos a distribuir respecto a lo estimado por la Secretaría de Hacienda para este año. De acuerdo con Fitch Ratings, las diez entidades federativas que se beneficiarían con los recursos a recibir por el Fondo General de Participaciones son Querétaro, con 6.6% adicionales; Nuevo León, con 4.2%; Ciudad de México con 3.2%; Aguascalientes con 2.9%, y San Luis Potosí con 2.5%.
Le sigue Yucatán con 2.4%; Guanajuato con 2%; Puebla con 1.6%; Hidalgo con 1.4%; 'A+(mex)'] y Baja California con 1.1%. En contraste, las 10 entidades federativas que se verían afectadas con menores recursos son Baja California Sur, Nayarit, Estado de México, Colima Sonora y Tamaulipas. Le sigue Campeche, Chihuahua, Guerrero y Veracruz. Para las 12 entidades federativas restantes, el efecto oscila entre -1.3% y 0.8%.
"La Ley de Disciplina Financiera de las entidades y municipios especifica que las leyes de ingresos y presupuestos de egresos de los gobiernos subnacionales deben ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de las participaciones y transferencias federales etiquetadas que formula la SHCP para la Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación. Por lo anterior, la agencia no descarta que los gobiernos que se beneficien con la nueva distribución poblacional puedan presentar ingresos excedentes de libre disposición al final del ejercicio, mientras las que no, deban hacer ajustes al gasto no etiquetado para mantener un balance presupuestario sostenible",
