La diputada por Morena en el Congreso de Morelos, Paola Cruz Torres, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para castigar a quien filtre imágenes que atenten contra la dignidad de las víctimas y sus familias.
La legisladora afirmó que el referente de esta iniciativa es la propuesta que entregó la fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, al Congreso local de la capital del país para garantizar la protección de los derechos de las víctimas y el procedimiento para una mejor procuración y administración de justicia.
Su propuesta tiene como punto de partida las imágenes que se difundieron sobre el crimen de Ingrid Escamilla en la CDMX, cuyo victimario la desolló desde la cabeza hasta las rodillas. "El coraje, la impotencia y la tristeza nos invadieron inmediatamente al leer los primeros reportes respecto al feminicidio de Ingrid Escamilla, al saber que a una hermana más le arrebataron la vida, que la violencia contra la mujer es cada día más y cada vez es peor, con actos más crueles y más sádicos", dijo la diputada.
En el caso de Ingrid, continuó la legisladora, también publicaron un video y fotografías sin ningún tipo de censura del presunto feminicida, y pronto fueron replicados por muchos usuarios así no solo revictimizaron a Ingrid al exponer su cuerpo sin ningún tipo de respeto por ella o por el dolor que atraviesan sus familiares, amigos y seres queridos, sino que entorpecieron de manera grave la investigación en contra del presunto feminicida.
Sin embargo, explicó la diputada, la difusión de las fotos y videos por parte de los usuarios no es la raíz del problema, sino que la escena del crimen fue dentro del domicilio de la víctima y el presunto feminicida, donde únicamente tenían acceso los funcionarios públicos correspondientes, al igual que el video en el cual se aprecia que el presunto feminicida se encuentra en resguardo de elementos policiacos y son ellos quienes graban el video.
Por estos detalles, explicó, no existe forma en que un particular pudiera obtener ese material de manera directa, sino que fue filtrado por algún funcionario público encargado del caso, quien aun a sabiendas de las consecuencias, decidió filtrar las imágenes.
"No es la primera vez que suceden hechos de esta naturaleza, donde la ‘indiscreción' de algún servidor público de esta índole, deriva en un entorpecimiento del proceso penal que puede traer como consecuencia hasta la liberación del presunto delincuente, tampoco son hechos ajenos al Estado de Morelos, ya que también nosotros hemos presenciado este tipo de casos en donde se 'filtran' imágenes de los cuerpos de las víctimas o de los presuntos delincuentes, volviéndose virales y generando daños irreparables a la víctima y a sus familiares", acusó Cruz Torres.
En este sentido presentó su iniciativa de decreto por el que se adiciona un título denominado "Delitos cometidos contra la procuración y administración de justicia del Código Penal para el Estado de Morelos"”.
"Al que indebidamente difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados, con el procedimiento penal o productos relacionados con un hecho que la Ley señala como delito, se le impondrá prisión de dos a ocho años y multa de quinientas a mil unidades de medida y actualización", propuso. La iniciativa fue tirada a comisiones para su análisis.
