Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo presenta iniciativa a la CFE
"Quienes tenemos pequeños negocios, apenas nos da para comer y para sostener la educación de nuestros hijos".
OAXACA, Oax.,- La Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio presentó una iniciativa de reforma constitucional a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que el servicio de energía eléctrica sea reconocido como un derecho humano, con la consecuente tarifa justa que no lastime la economía familiar y que las familias tengan un servicio de calidad.
Esto como organización integrante de la Red Nacional de Resistencia Civil, conformada por comunidades de Chiapas, Veracruz, Edomex, Puebla, CDMX y Oaxaca, misma que entregó la propuesta a la CFE, en el marco de la conmemoración de la nacionalización de la industria eléctrica en México.
En una rueda de prensa transmitida por internet, las asambleas y comunidades manifestaron su postura ante la reforma constitucional presentada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la cual sólo pretende fortalecer a la CFE pero que es insuficiente y hasta perjudicial para los usuarios y los pueblos, debido a los altos cobros de la luz y "los megaproyectos de muerte".
"Es por la defensa de nuestros derechos a una energía eléctrica que sea asequible a los recursos económicos que tenemos, ya que en esta situación de pandemia, con la contingencia que hemos pasado este par de años, hemos tenido que vérnosla negra. Además que ha aumentado la canasta básica, no hay oportunidades de trabajo, y además de solventar los gastos del hogar", señalaron los representantes de la Red Nacional de Resistencia Civil.
En conferencia de prensa realizada de manera virtual, denunciaron que también en sus pequeños negocios llegan los recibos caros y millonarios, mientras los funcionarios de la CFE pueden tener lujos como autos caros y salarios elevados.
Mientras que los que sufren, dijeron, son los usuarios a quienes les llegan recibos del servicio de energía eléctrica que van desde los 3 mil hasta los 20 mil pesos mensuales.
"Esperemos que haya un poco de tacto político de esta empresa (la CFE) porque se la ha pasado haciendo omisiones, aunque metamos quejas ante Profeco, lo que al final de cuentas es darnos convenios que al final son para pagar más. Esos convenios injustos, seguimos pagando más y más caro bimestralmente".
Reiteraron que en estos momentos de la contingencia sanitaria del Covid-19, "la mayoría de las personas que están organizadas no cuentan con un sueldo fijo y a duras penas sobreviven al día y a veces se ven en obligación de emigrar, y la crisis económica que se agudiza día a día afecta nuestra economía familiar.
"Quienes tenemos pequeños negocios, apenas nos da para comer y para sostener la educación de nuestros hijos".
Por eso, dijeron, se organizaron para defender sus derechos de exigir un servicio de calidad; así como para denunciar que realizar cortes de energía eléctrica en este contexto de pandemia, viola directamente otros derechos fundamentales como el acceso a la salud, a la educación, al trabajo y a la comunicación; derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano.
"Les queremos recordar que el 12 de noviembre de 2020 en Tabasco se firmó una minuta de respeto mutuo entre las organizaciones que integran la Red Nacional de Resistencia Civil, y la CFE. Exigimos que se ratifiquen esos acuerdos para el respeto mutuo entre las familias organizadas y CFE".
En tanto, informaron que continuarán con el diálogo ante las instancias correspondientes, mientras se resuelvan los amparos interpuestos ante diferentes instancias del país, y se reconozca constitucionalmente la energía eléctrica como derecho humano y se trabaje conjuntamente para consolidar una tarifa justa fija.
De la misma forma, solicitaron a la CFE que no realicen cortes de luz a las viviendas o pequeños negocios que no pagan la energía eléctrica por estar organizadas en la Resistencia Civil contra las altas tarifas de luz, que no instalen medidores digitales sin la autorización de las familias, que no manden requerimientos de pago, que garanticen el servicio de energía eléctrica y que no recurran a elementos de la fuerza pública para amedrentarlo.
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