La mayoría de diputados de Morena en el Congreso de Veracruz aprobaron iniciar un juicio político en contra de la expresidenta del Poder Judicial del Estado, Sofía Martínez, la cual había sido designada en el cargo por los propios morenistas.
Con 35 votos a favor (de Morena, PRI y PVEM), los legisladores determinaron iniciar el procedimiento al asegurar que el exmagistrada afectó los intereses públicos fundamentales y, por consiguiente, a su correcto despacho.
En sesión privada, el presidente de la Comisión Permanente Instructora, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, explicó que la denuncia de juicio político fue presentada por el juez José Clemente Zorrilla, quien en noviembre del año pasado fue removido del juzgado a su cargo por la magistrada, siendo que esta decisión es exclusiva del Consejo de la Judicatura.
Al aprobarse el inicio del juicio político se instruyó remitir al Tribunal Superior de Justicia el expediente que contiene la acusación y las constancias del procedimiento para que los magistrados integrantes de la Sala Constitucional notifiquen a la denunciada, a fin de que formule los alegatos a su favor y la Comisión Instructora le ratifique dicha acusación.
Hay varios escenarios, como que se niegue la declaración de inhabilitación o destitución si la resolución del Jurado de Sentencia es absolutoria o si no se obtiene la mayoría calificada que exige este ordenamiento.
Por el contrario, si la resolución resulta condenatoria se sancionará a la servidora pública, si está en funciones, con la destitución del cargo y la inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por un período de uno hasta 10 años, atendiendo a la gravedad de la infracción. Si no está en funciones, se decretará su inhabilitación.
En octubre del año pasado, la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado de Veracruz, Sofía Martínez Huerta, fue destituida del cargo por miembros del pleno tras meses de pleitos internos.
Entonces, en medio de pugnas de grupos de poder morenistas, los integrantes del pleno del Tribunal Superior de Justicia eligieron a la magistrada Isabel Inés Romero Cruz.
Asimismo, el Poder Judicial del Estado ha estado envuelto en diversos escándalos desde que la mayoría de diputados de Morena aprobaron, en diciembre del 2019, la designación como magistrada de Sofía Martínez.
Tras su nombramiento como presidenta se descubrió que la magistrada había colocado a familiares cercanos en áreas estratégicas, lo que generó inconformidad interna que derivó en la intervención de la fuerza pública.
Posteriormente, el Congreso del Estado, con mayoría morenista, aprobaron la designacion de seis nuevos magistrados, lo que generó una ruptura mayor al interior.
Y es que la designación de magistrados ocurrió a pesar de que existían amparos que impedían la separación del cargo de los magistrados Roberto Dorantes Romero y Marco Antonio Lezama Moo, a quienes aplicaron de manera ilegal una cláusula del retiro forzoso por edad.
Además, no ratificaron a la magistrada Gladys de Lourdes Pérez Maldonado, quien también se inconformó legalmente.
