Servicios para una Educación Alternativa (Educa) denunció que a 10 meses del asesinato de los líderes comunitarios opositores al proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina, las investigaciones no registran ningún avance o no se ha informado de ellos a los familiares de las víctimas.
Al informar que realizó una visita a esta comunidad del municipio de Santiago Jamiltepec, en la Costa de Oaxaca, conjuntamente con integrantes de Indigenous Peoples Rights- International – IPRI, aseguró que las familias de los defensores asesinados comentaron que no han tenido noticias de las investigaciones en torno a los homicidios perpetrados en enero y marzo de este año. "La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Investigaciones de Delitos de Trascendencia Social (carpeta de investigación 2535/FCOS/JAMILTEPEC/2021 y/o 2535/DATS/2021) y la Fiscalía Regional de la Costa, realizaron las primeras diligencias; sin embargo, a la fecha no hay información de avances significativos".
Educa informó que en estos meses se ha dado el caso del desplazamiento de una de las familias de los defensores asesinados ante la falta de garantías en su seguridad personal, en el caso de las otras familias, tienen serias limitaciones económicas y posiblemente alguna afectación emocional. La organización recordó que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), solicitó medidas de seguridad para la comunidad, mismas que fueron aceptadas por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca. Pero la medida, además de resultar ineficiente, no se ha cumplido porque desde el 10 de junio a la fecha únicamente han realizado tres visitas-recorridos.
En cuanto al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aseveró que desde hace más de tres meses solicitaron información y documentos a las autoridades de Paso de la Reina para realizar el análisis de riesgo, a la fecha no hay comunicación de los avances. Con lo anterior, sostuvo, se constata "la inoportuna e ineficaz aplicación de las medidas de seguridad otorgadas por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca".
A través de un comunicado, Educa informó que la comunidad a través de sus autoridades ha solicitado se reanude la mesa de trabajo con la DDHPO y las autoridades responsables de ejecutar las medidas de seguridad con la finalidad de retomar los temas pendientes. "A Educa y al IPRI les preocupa la falta de seguimiento y atención al caso, así como el riesgo que representa la falta de impartición de justicia y el cumplimiento de obligaciones por parte del Estado mexicano para garantizar la labor de defensoras y defensores en la comunidad de Paso de la Reina".
