Ayer miércoles, la FGR informó que ante la negativa de un juez federal de otorgar las órdenes de aprehensión contra los científicos.
Los delitos por los que la Fiscalía General de la República (FGR) quiere aprehender a 31 científicos y académicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) suman penas máximas de hasta 81 años de prisión que pudieran ser impuestas en caso de ser declarados culpables.
Ayer miércoles, la FGR informó que ante la negativa de un juez federal de otorgar las órdenes de aprehensión contra los científicos, insistirá en llevar nuevamente el caso ante la justicia federal para llamar a juicio a los académicos a quienes acusa de peculado, lavado de dinero, uso ilícito de atribuciones y facultades y delincuencia organizada.
Según la acusación con la que la FGR intentó en agosto pasado conseguir las órdenes de captura, estos delitos suman penas máximas de hasta 81 años de prisión.
Sin embargo, de los 31 ex funcionarios en los casos de Enrique Cabrero y Julia Tagüeña, ex director general de Conacyt y ex coordinadora del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, la FGR señala que en el delito de delincuencia organizada a ellos se les aplicaría un agravante que incrementaría sus penas hasta por 20 años, es decir, rebasarían los 100 años en penas máximas.
"Aunado a ello, en relación con Enrique Cabrero Mendoza y Julia Tagüeña Parga también se actualiza la agravante contemplada en el artículo 5, fracción I de la Ley de la materia, incrementando la pena hasta en una mitad por haber cometido el hecho que la ley señala como delito de delincuencia organizada teniendo el carácter de servidores públicos", señaló la Fiscalía.
Debido a que el delito de delincuencia organizada amerita prisión preventiva, la Fiscalía requirió al juez ordenar el internamiento de los científicos en un penal de máxima seguridad al considerar que debido a su capacidad económica podrían cometer actos de corrupción en cualquier prisión de seguridad intermedia.
Por ello, para los 20 hombres señalados solicitó su internamiento en el penal federal del Altiplano y a las 11 mujeres en el CPS 16 Femenil de Morelos.
"En primer lugar debe señalarse el hecho que se atribuye a los imputados implica la recepción y adquisición de enormes cantidades de dinero. Cuestión que se traduce en que, al tener las personas investigadas una capacidad económica obtenida en forma ilícita, podrían realizar actos de corrupción en algún centro con medidas de seguridad bajas o medias; o, incluso, poner en peligro la seguridad interna de las prisiones, por tener medios económicos para favorecer para sí un trato diferenciado o eventualmente ser auxiliados por miembros de la organización criminal que conforman o por diversas personas, para una evasión; sin dejar de lado que también podría ser esta capacidad económica un riesgo propio para los imputados, puesto que el estar sujetos a una medida cautelar internos en un centro penitenciario de baja seguridad podría poner en peligro su vida e integridad física, ya que las terceras personas, que se vean afectadas de forma directa o indirecta en el desarrollo del proceso penal, podrían valerse de esta mediana o baja seguridad del lugar de reclusión para atentar contra la vida de los imputados, en aras de que no se les relaciones en los hechos, buscando con esto sustraerse de la acción de justicia", indicó la FGR.
