La violencia de clase que cobra miles de víctimas del pueblo se eleva a Ley con el conjunto de reformas que hacen legal la actuación del aparato represivo
OAXACA DE JUÁREZ, Oax.,- El Ejército Popular Revolucionario (EPR) acusó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de eludir su responsabilidad en el caso de la desaparición forzada de dos de sus integrantes: Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.
El pasado 28 de febrero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la SCJN que sesione a la brevedad posible y resuelva favorablemente el caso de la desaparición forzada de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, ocurrida el 25 de mayo del 2007 en el estado de Oaxaca y quienes eran integrantes del Ejército Popular Revolucionario EPR.
De acuerdo con el grupo guerrillero, la SCJN quedó en evidencia como parte del engranaje del Estado mexicano para ejercer la opresión, "parte del mecanismo jurídico para imponer la justicia burguesa, para el pueblo no hay justicia".
En la desaparición de Gabriel Cruz y Edmundo Reyes, aseguró que el máximo órgano de justicia del país, ha maniobrado para garantizar impunidad a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad y se subordina a intereses de grupos de poder económico.
"El conjunto de reformas impulsadas tanto por el poder Ejecutivo como el Legislativo configuran un proceso de fortalecimiento del estado de derecho oligárquico, al mismo tiempo, éste permite afianzar el Estado policíaco militar en garantía de los intereses burgueses", agregó.
El EPR denunció que queda claro que la política de la actual administración en torno a los crímenes de lesa humanidad es omisa, cómplice con las dos administraciones que fincaron su política interior en el terrorismo de Estado en tanto que no se garantiza juicio y castigo a los responsables de la violencia institucional contra el pueblo.
Desde la actual política de gobierno, añadió, a las víctimas del terrorismo de Estado se les pretende mantener en el olvido y en el limbo jurídico que no garantiza justicia; sin embargo, a los criminales de Estado se les garantiza impunidad y los políticos de oficio se rasgan hipócritamente las vestiduras en vísperas del proceso electoral.
"Expresión de la misma política es la continuidad de la violencia de clase que emana del Estado contra el conjunto de los oprimidos, ésta se expresa en crímenes de lesa humanidad que son a la vez de Estado, éstos en lugar de ser historia son presente en toda la geografía del país", declararon.
Además, sostuvo que la militarización de la sociedad expresa mayor poder a la cúpula policíaco militar, y un intenso proceso de subordinación del poder civil a los militares, síntoma de los vientos de autoritarismo que se pretende revestir con legalidad.
"La violencia de clase que cobra miles de víctimas del pueblo se eleva a Ley con el conjunto de reformas que hacen legal la actuación del aparato represivo; en gobiernos panistas y priistas dicha violencia era evidente, inocultable; en la presente administración es velada y enmascarada con lenguaje mediático para ocultar el terrorismo psicológico en nombre de la pandemia, en ese contexto las prácticas del terrorismo de Estado poco a poco emergen por su magnitud".
Para el EPR, la realidad configura una verdad incuestionable, "pueblo miserable y reprimido, en contrapartida, un gobierno que finca su política en la demagogia y la justificación de la violencia de clase que lacera al pueblo", señaló.
