Los académicos expresaron su "mayor solidaridad" con las personas sobrevivientes y familiares de las 183 víctimas del "Diario Militar"
Ciudad de Guatemala,- Un centenar de académicos del continente americano pidieron este martes justicia para las víctimas del caso conocido como "Diario Militar" en Guatemala, tras la captura de doce militares y policías retirados presuntamente implicados y cuyo proceso penal está próximo a iniciar.
Los académicos suscribieron un comunicado en el que expresaron su "mayor solidaridad" con las personas sobrevivientes y familiares de las 183 víctimas del "Diario Militar" entre 1983 y 1985, así como "los funcionarios de justicia que han trabajado de manera diligente para cumplir con sus deberes profesionales de investigar los graves crímenes".
En el documento exhortaron "al Estado de Guatemala y en especial al Organismo Judicial a garantizar un proceso judicial imparcial, libre de impedimentos y de intervenciones externas que puedan obstruir el enjuiciamiento de los imputados en este caso".
Además, exigieron a que a través de un "juicio libre e imparcial se establezcan las responsabilidades correspondientes para que se materialice el derecho a la justicia de las víctimas y se evite que crímenes como éste ocurran en el futuro".
Entre las personalidades de la academia que firmaron el documento se encuentran la exfiscal general de Guatemala y directora del programa de México y Centroamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Claudia Paz y Paz, y el exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Paulo Abrao.
También la asesora principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y académica de la Universidad George Mason, Jo-Marie Burt; las investigadoras de Harvard y Yale Kristen Wels y Greg Grandin; así como el exasesor del secretario general de la ONU Juan Ernesto Méndez.
El comunicado de los académicos fue difundido al mismo tiempo este martes en el que el juzgado de Mayor Riesgo "B", presidido por el juez Miguel Ángel Gálvez, iniciaba la audiencia de primera declaración contra los once detenidos la semana pasada y uno más este día.
De acuerdo a la Fiscalía, los 12 capturados están implicados en los crímenes de lesa humanidad entre 1983 y 1985 contra los más de 183 opositores políticos fichados en el documento castrense desclasificado, catalogado de "dossier de la muerte" por expertos.
EL CASO DEL "DIARIO MILITAR"
Durante la audiencia de este martes, uno de los sindicados que no había sido capturado se presentó para resolver su situación jurídica, por lo que el juez Gálvez decidió ordenar su captura y enviarlo a la cárcel que se ubica dentro de la brigada militar Mariscal Zavala, un centro de detención de alta seguridad habitado por reos de alto perfil.
Los 12 detenidos están sindicados de haber cometido delitos contra deberes de humanidad, asesinato, asesinato en grado de tentativa y desaparición forzada durante el Gobierno de facto del general Óscar Humberto Mejía Víctores (1983-1986).
Los exmilitares dirigieron e integraron estructuras de contrainsurgencia del Estado de Guatemala, como la Dirección de Inteligencia Militar, conocida como D-2; el Departamento de Investigaciones Técnicas (que fichaba opositores políticos); la Brigada de Operaciones Especiales de la Policía Nacional; y la red de inteligencia clandestina del Estado Mayor Presidencial, conocida como "El Archivo".
Todo ello en medio del conflicto armado interno de Guatemala, que enfrentó a la guerrilla y el Ejército entre 1960 y 1996 y que dejó un saldo de 200,000 víctimas y 45,000 desaparecidos, con más del 90% de los casos atribuidos al Estado y sus estructuras paralelas, según un informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Naciones Unidas.
