Varias asociaciones de víctimas del terrorismo piden prisión permanente revisable para dos de los tres acusados por los atentados cometidos el 17 de agosto de 2017 en la ciudades catalanas de Barcelona y Cambrills, que causaron 16 muertos, una pena superior a la que solicita la Fiscalía para ellos, de 36 y 41 años de cárcel.
En un escrito de conclusiones provisionales conocido este jueves, la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo pide el máximo castigo previsto en el Código Penal español para Driss Oukabir y Mohamed Houli Chemlal, de origen marroquí, como también hizo la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).
Ambas entidades reclaman que sean condenados por asesinatos terroristas, un tipo penal por el que la Fiscalía no les acusa ni fueron procesados, ya que los presuntos autores materiales murieron.
No obstante, la Audiencia Nacional española abrió la puerta a que las partes pudiesen acusar por esa figura delictiva cuando se celebre el juicio.
Mohamed Houli Chemlal sobrevivió el 16 de agosto de aquel año a la explosión de una vivienda de Alcanar (provincia catalana de Tarragona), en la que falleció un imán considerado líder de la célula que preparaba explosivos para atentar contra la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, uno de los monumentos españoles más conocidos.
Driss Oukabir es hermano de uno de los miembros del grupo, a cuyo nombre se alquiló la furgoneta con la que otro presunto terrrorista, Younes Abouyaaqoub, cometió el atropello masivo de Las Ramblas de Barcelona el 17 de agosto, que causó 15 muertos y 140 heridos.
Una persona más falleció tras ser supuestamente apuñalada en el paseo marítimo de Cambrils (Tarragona) por miembros del mismo grupo, que fueron abatidos por la Policía regional catalana, al igual que Abouyaaqoub días más tarde.
Para el tercer acusado, Said Ben Iazza, la AVT pide 25 años de prisión por presunta colaboración con organización terrorista y depósito de explosivos, mientras que la Asociación 11-M reclama 30 años para él al acusarle también por estragos imprudentes y lesiones.
La Fiscalía, por su parte, solicita para los tres penas de entre 8 y 41 años de prisión por integración en organización terrorista, fabricación, tenencia y depósito de sustancias explosivas, y conspiración para el delito de estragos terroristas por los planes atentar contra la Sagrada Familia, pero no incluye el delito de asesinato.
