Al grito de "asesino", los ciudadanos le exigieron al alcalde que su administración se retractara de haber tratado a Julio César Chagoya de delincuente
MORELIA, Mich.- La posible ejecución extrajudicial de un joven con problemas de salud mental, le costaron el cese de sus funciones a la comisionada de seguridad en Morelia, Julisa Suárez Bucio y los elementos que participaron en el operativo.
Una manifestación ciudadana, que partió del fraccionamiento Jardines del Toreo, arribó a la Plaza Ecuestre de Morelos, donde estaba programado un evento del ayuntamiento.
Ahí, el presidente municipal Raúl Morón Orozco, fue encarado por los familiares, vecinos y amigos de la víctima, en el marco de su segundo informe de gobierno.
La congregación, las consignas y los gritos de justicia, obligaron al gobernante de Morena a interrumpir su discurso político y atenderlo.
Los manifestantes acusaron al alcalde de proteger a los policías a su cargo ya la comisionada de seguridad, por lo que le pidieron la renuncia de Julisa Suárez.
Al grito de "asesino", los ciudadanos le exigieron también a Morón Orozco, que su administración se retractara de haber tratado a Julio César Chagoya de delincuente.
También denunciaron que el operativo policial para resguardar el evento político, intentó impedir que los manifestantes llegaran hasta la plaza pública.
Después de varios minutos, Raúl Morón regresó al templete y anunció que Julisa Suárez, su comisionada de seguridad quedaba suspendida mientras dure la investigación.
Reiteró que de igual forma, los elementos involucrados en el operativo en el que la víctima fue asesinada de ocho disparos en la espalda.
Además, Morón Orozco hizo público el retracto de los señalamientos infundados hacia el joven, quien fue tratado como delincuente. Urgió, limpiar la mala imagen de Julio.
Ayer viernes por la noche, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos reiteró que en ese operativo hubo una falta de aplicación de protocolos y un excesivo uso de la fuerza.
Sostuvo que en la actuación policial hubo graves violaciones, entre ellas, la posible ejecución extrajudicial perpetrada por una autoridad en el ejercicio de sus funciones.
Reiteró que en este caso, se analiza el uso excesivo de la fuerza, así como la obligación de investigar los hechos, por parte de las autoridades encargadas de procurar justicia.
Resaltó que casos como éste, evidencian la necesidad de hacer hincapié en la continua capacitación de los servidores públicos del rubro de la seguridad pública.
Lo anterior, dijo, dado que el Sistema de Justicia Penal, requiere policías profesionales que tengan claro el uso y aplicación de los protocolos y el respeto a los DH.
La CEDH consideró irresponsable que las autoridades –como en este caso- den un veredicto, a priori, sobre la actuación de los servidores públicos.
Ello, insistió, sin que se haya agotado la investigación, para conocer si se siguieron o no los protocolos correspondientes.
La institución, conminó a las autoridades involucradas a efecto de que se abstengan de hacer declaraciones antes de contar con los resultados de la investigación formal.
"La CEDH reitera que se mantendrá atenta al curso de las investigaciones para que este caso no quede impune", agregó el organismo.
