Esta situación ha provocado riñas entre los reos y que algunos presenten enfermedades gastrointestinales.
Los más de mil internos del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 17, ubicado en Buenavista, Michoacán, llevan meses sin acceso a agua potable.
Esta situación ha provocado riñas entre los reos y que algunos presenten enfermedades gastrointestinales, incluso han amenazado con amotinarse, problema que desde septiembre pasado el director del penal, Julio César Pérez, reportó a sus superiores, sin que hasta el momento se le haya dado solución. El Cefereso 17 está localizado en la región de Tierra Caliente, donde la temperatura supera los 40 grados centígrados.
El problema fue evidenciado inicialmente por personal del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), que interpuso un recurso legal para que se atienda con urgencia esa situación.
Señaló que la falta de agua potable pone en riesgo la vida y la salud de los internos.
Indicó que la carencia del servicio ya provocó que varios reos presenten cuadros de enfermedades gastrointestinales debido a que no les dan agua potable.
Denunció que los custodios le dijeron a un interno —que pedía agua para un medicamento— que la tomara del mingitorio.
Un problema de meses. El pasado 22 de septiembre, el director del penal, Julio César Pérez Ramírez, advirtió a sus superiores sobre esta problemática, de acuerdo con documentos en poder de EL UNIVERSAL.
La tarjeta dirigida al coordinador general de centros federales, Sergio Alberto Martínez Castuera, cita que, ante este problema, los reos amenazaron al personal con no ir a sus celdas e incluso amotinarse, lo cual vulnera la gobernabilidad y seguridad del centro penitenciario.
En la misiva, Pérez Ramírez informa que giró oficios a la empresa PC&B, encargada de abastecer de agua potable al penal, para que cumpla con su obligación.
De acuerdo con el reporte del director del penal, la respuesta del representante legal de la empresa fue que los reclusos tomaran agua de la llave de los mingitorios o lavamanos instalados en cada módulo.
En el mismo documento, Pérez Ramírez explica que el agua que sale de las llaves no cumple con los mínimos estándares de higiene y salud.
En otro de los oficios, con folio (PRS/CGCF/CFR17/8508/2020) y fecha del 2 de octubre, el director del penal señala a la empresa Concesionaria en Infraestructura Penitenciaria de Michoacán, S.A.P.I. de C.V., como la contratada para abastecer de agua potable dentro del Cefereso.
En el contrato "a largo plazo" (OADPRS/DGE/S/084/2010), firmado en 2010, la empresa se compromete a proveer diferentes servicios, entre ellos el agua en garrafones para consumo del personal y de los internos.
En su reporte, el director del Cefereso 17 establece que dicha empresa también se negó a suministrar agua para consumo humano del personal y de reos.
Precisa que, si bien hay lavamanos en los dormitorios, el agua que sale está contaminada, por lo que los reclusos han contraído enfermedades gastrointestinales al beberla.
Al respecto, fuentes federales de seguridad precisaron que PC&B es una empresa subcontratada por Concesionaria en Infraestructura Penitenciaria de Michoacán, S.A.P.I. de C.V.
Los motivos. En ese sentido, las empresas proveedoras argumentaron que existe un pozo de agua para abastecimiento del penal.
Sin embargo, fuentes consultadas explicaron que la red del pozo no recibe mantenimiento y eso provoca que el agua esté cada vez más contaminada y que la presión no sea suficiente, al grado que los internos, desesperados, han colocado pedazos de tela para intentar filtrarla y beberla, pero no les ha dado resultados.
Funcionarios y fuentes consultadas expusieron que las empresas se vieron afectadas cuando se incrementó la población penitenciaria.
Explicaron que desde la puesta en marcha del penal, en el contrato se estipuló que se les pagaría por servicios y alimentos concesionados equivalentes a la capacidad total de internos que tiene el Cefereso, independientemente de los que hubiera.
Es decir, en el primer año a esas empresas les pagaron por servicios y alimentos para 2 mil 500 presos, aunque sólo había 200. Para junio de 2020, el número de reos era de 610.
Sin embargo, la población penitenciaria se elevó a más de mil cuando llegaron más de 400 internos que fueron trasladados tras el cierre del penal de Puente Grande, Jalisco, entre ellos Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40, uno de los fundadores del Cártel de los Zetas.
A partir de entonces, las empresas vieron reducido significativamente su margen de ganancia, por lo que, de acuerdo con las fuentes, ahora se oponen a prestar los servicios, al grado, incluso, de pretender limitar la comida, además de eliminar el abasto de agua potable.
En el Registro Público de Comercio del gobierno federal no figuran Concesionaria en Infraestructura Penitenciaria de Michoacán, S.A.P.I. de C.V., ni PC&B. Tampoco hay alguna cuenta con una página web donde se pueda conocer sus servicios, se informe el domicilio, teléfono o correo electrónico para contacto.
En el caso de PC&B, se conoció que es una empresa que funciona sólo como reclutadora de personal, con oficinas centrales en el municipio de Gómez Palacios, Durango.
