Las autoridades irlandesas podrán multar con hasta 2,500 euros o seis meses de cárcel a quienes organicen fiestas en domicilios particulares, prohibidas desde este jueves con el comienzo de un confinamiento de seis semanas.
El Gobierno de Dublín presentó hoy un proyecto de ley que prevé que sea respaldado por la Cámara baja, donde la oposición le ha brindado su apoyo tras decretarse el lunes la alerta máxima del plan contra el coronavirus.
Desde el comienzo de la pandemia, todas las restricciones impuestas han sido voluntarias, pero el Ejecutivo, de coalición entre centristas, democristianos y verdes, entiende que no han funcionado y ha endurecido su posición para frenar la segunda ola.
Así, la primera infracción por organizar una fiesta en casa durante la alerta máxima se castigará con una multa de hasta 1,000 euros o una pena de cárcel que no exceda los tres meses, o ambas.
Por la segunda infracción, la multa puede subir hasta los 1,500 euros o un máximo de tres meses de cárcel, mientras que para las siguientes ofensas se impondrían hasta 2,500 euros o hasta seis meses en prisión.
El paquete legislativo precisa que el "ocupante" u "ocupantes" de la casa donde se celebre una fiesta ilegal será/n considerado/s como el "organizador u organizadores del evento".
Asimismo, aquellos que estén en camino a una fiesta o estén ya en ella y se nieguen a abandonar la zona "de manera pacífica", serán castigados con una multa de hasta 1,000 euros o un mes en la cárcel.
La nueva ley también contempla "multas fijas" de 500 euros para los que violen otras restricciones, como negarse a llevar la mascarilla en el transporte público y comercios, o superar el límite de cinco kilómetros de distancia impuesto en el confinamiento.
Dentro de esa zona, la ciudadanía puede realizar ejercicio físico y reunirse con miembros de otra unidad familiar, pero solo puede abandonarla para trabajar, estudiar o por "otros propósitos esenciales".
El presidente de la Asociación Representante de Policías (GRA, por sus siglas en inglés), Jim Mulligan, afirmó hoy que las fuerzas del orden seguirán actuando "por consenso" y que la imposición de multas o denuncias "será el último recurso".
