Al menos seis ciudadanos y un policía han muerto este jueves por choques desatados entre manifestantes y miembros de las fuerzas de seguridad en el estado de Kassala, en el este de Sudán, escenario de protestas tras el cese de su gobernador emitido el miércoles por el Gobierno sudanés.
El secretario general del Gobierno del estado de Kassala, Fath al Rahman al Amin, señaló hoy a Efe que los actos de violencia "llevaron a la muerte a seis ciudadanos y a un policía, además de heridas a otros cuyo estado es estable", indicó sin aportar una cifra de las personas que sufrieron lesiones.
Al Amin explicó que la violencia se desató cuando los manifestantes intentaron entrar a la sede de la secretaría del Gobierno, lo que "llevó a que las fuerzas encargadas de seguridad de la sede gubernamental trataran con ellos", sin dar más detalles sobre lo sucedido.
Asimismo, aseveró que el comité de seguridad del estado decidió anunciar un toque de queda en la ciudad de Kassala desde las 18:00 hora local (16.00 GMT) hasta las 6:00 horas y añadió que ahora en la ciudad hay "una calma relativa".
Por su parte, una fuente policial de Kassala, que pidió el anonimato, indicó que la cifra de heridos se eleva a 56, entre ellos 17 miembros de las fuerzas de seguridad.
El cesado gobernador del estado de Kassala, Saleh Ammar, apuntó hoy en un comunicado publicado en su página de Facebook que "la Policía usó balas para dispersar a miles de manifestantes en la plaza de Al Gumhuriya, en el centro de la ciudad de Kassala, donde se reunieron para protestar contra la decisión del primer ministro, Abdala Hamdok".
En este sentido, responsabilizó al Gobierno de los choques tribales que ocurren en Kassala y Port Sudan.
Ayer, el Gobierno del estado Mar Rojo, en el este de Sudán, impuso un toque de queda de dieciséis horas durante un periodo indeterminado en dos ciudades tras choques tribales entre los miembros de dos tribus rivales que dejaron seis muertos.
El este de Sudán es escenario de protestas recientes por los grupos tribales que están en contra del estatus de su región en el acuerdo de paz firmado el 3 de octubre entre el Gobierno y parte de los movimientos armados dentro del Frente Revolucionario.
Los grupos tribales contrarios consideran que el acuerdo les margina junto con otros partidos y corrientes políticas, y por ello piden anularlo por completo y celebrar una conferencia de consultas sobre la región.
