Las autoridades ruandesas pidieron este miércoles a Francia la extradición del general Aloys Ntiwiragabo, un sospechoso del genocidio contra los tutsis, que causó en 1994 unos 800,000 muertos en casi 100 días.
El portavoz de la Fiscalía, Justin Nkusi, confirmó hoy a Efe que se ha emitido una orden de arresto internacional contra Ntiwiragabo y que han enviado a Francia una carta formal solicitando la detención y el traslado al país africano para su juicio.
El sospechoso, que tiene 71 años, pertenecía a los círculos hutus más radicales y dirigió a los gendarmes de Kigali hasta 1993, un año antes del genocidio.
Conocido como "Akazu", quien se ocultaba hasta ahora en los suburbios de la ciudad de Orleans (centro-norte de Francia), se sospecha que perteneció al pequeño círculo de poder que pensó y orquestó el genocidio.
"Después de investigar a fondo su caso, escribimos a Francia solicitando su extradición. Estamos trabajando con el departamento francés encargado de combatir los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad para que lo arresten y extraditen para que se enfrente a los cargos en su contra", explicó Nkusi.
Su ubicación en Francia fue revelada el mes pasado por el medio francés "Mediapart", después de que las investigaciones formales de la autoridades sobre su paradero fueran abandonadas.
Tras la publicación de la información de "Mediapart", Francia ha abierto una nueva causa contra él por supuestos crímenes contra la humanidad.
Este hecho se produce después de que otro hombre clave del genocidio, el empresario Félicien Kabuga (que se considera uno de los financiadores de la matanza y uno de los fugitivos más buscados por la justicia internacional), fuera también arrestado en Francia en mayo pasado.
Kabuga pidió ser juzgado en Francia, ya que considera que la corte de la ONU en África sería imparcial y acabaría entregándolo a la Justicia ruandesa.
Sin embargo, Francia ha denegado su petición y será juzgado en Arusha (Tanzania), donde tiene la sede el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, el órgano creado por la ONU para juzgar la matanza de 1994.
El fiscal principal de este tribunal, Serge Brammertz, aseguró a los medios en Kigali, a donde ha acudido para recopilar pruebas en contra de Kabuga, que el empresario ruandés será trasladado a Arusha entre septiembre y diciembre.
De las 1.000 peticiones de extradición que ha firmado Ruanda, solo se ha devuelto a este pequeño país africano en el último cuarto de siglo a 22 acusados de genocidio, según los últimos datos hechos públicos por la Fiscalía en diciembre de 2018.
Desde 1994, Ruanda ha acusado repetidamente a Francia de complicidad en el genocidio, alegando que líderes galos de alto perfil proporcionaron entrenamiento militar, armamento o experiencia técnica a las milicias hutu Interahamwe ("Los que pelean juntos").
Del 7 de abril al 15 de julio de 1994, unos 800,000 tutsis y hutus moderados fueron masacrados con machetes y armas de fuego por milicias, soldados del Ejército y la población civil.
El detonante del genocidio, que se venía gestando tras años de odio entre los dos grupos alentado por los colonos belgas, fue la muerte del entonces presidente ruandés, el hutu Juvenal Habyarimana, cuando el avión en el que viajaba fue derribado el 6 de abril de 1994 poco antes de aterrizar en el aeropuerto de Kigali.
