Reconstrucción de patrimonio dañado por sismos podría alargarse: ASF
La Auditoría Superior de la Federación señaló en sus resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2019 que en la Secretaría de Cultura hay irregularidades con respecto al manejo, distribución y comprobación de recursos destinados para la reconstrucción de inmuebles dañados por los sismos del 7 de 19 de septiembre de 2017.
La ASF auditó a la Secretaría de Cultura, al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), y en los tres organismos señaló que hay avances limitados, falta de protocolos adecuados, inconsistencias en el inventario de daños y falta de control en los recursos ejercidos.
Ante esas inconsistencias, la ASF emitió 58 recomendaciones al Desempeño: 21 en Secretaría de Cultura, 20 en el INAH y 17 en el INBAL; asimismo, fueron emitidos diferentes oficios para solicitar la intervención del Órgano Interno de Control y de las autoridades recaudatoria por 12 irregularidades detectadas.En la Auditoría de la Secretaría de Cultura, la ASF señaló que debido al poco avance en 2019, la reconstrucción del patrimonio afectado por los sismos de 2017, serán 12 años y no 5, como se tenía programado.
"Si bien en 2019, la Secretaría identificó mil 137 bienes culturales afectados que no contaban con recursos para su recuperación, no estableció metas anuales y de mediano plazo para su atención, ni su vinculación con los recursos económicos; al término del año reportó atender a 206 bienes (18.1% del total), de los cuales se verificó como hechos posteriores que, a agosto de 2020, reportó como concluidos los trabajos en 101 (el 8.9%). lo anterior, denota que deberán transcurrir 12 años para concluir la reconstrucción de la infraestructura cultural dañada, y no los 5 años señalados en la estructura programática del Presupuesto de Egresos", indicó.
La Auditoría también señaló que en 2019, en la programación de acciones de atención, la Secretaría de Cultura no acreditó que "los solicitantes de los apoyos cumplieran con los requisitos", porque de las 669 solicitudes que recibió, sólo "en el 8.1% (54) se registró con cumplimiento, por lo que el 91.9% (615) careció de uno o varios de éstos, además de que los registros proporcionados no permitieron visualizar la atención a todos los puntos establecidos en los lineamientos específicos y en la convocatoria publicada por la secretaría; aun con dichas deficiencias las solicitudes se remitieron a la Comisión Dictaminadora, la cual emitió dictamen en 430 de 669, y de éstas 206 resultaron viables de recibir apoyos".
En la auditoría fueron incluidos los 42 convenios que la Secretaría de Cultura reportó para la atención de los 206 bienes afectados; sin embargo, sólo remitió el soporte documental de 41 referentes a 175 bienes.
La Secretaría de Cultura también fue señalada porque de los 2 mil 340 inmuebles afectados, para 2019 quedaban pendientes por atender mil 137 bienes culturales, pero "con los registros proporcionados por la dependencia se identificó que a dicho año, se beneficiaron 206, lo que representó una cobertura marginal del 18.1%".
De esos 206 bienes, la ASF identificó que en 101 concluyeron sus acciones durante 2020; "no obstante, 21 (20.8%) de los 101 no acreditaron contar con el expediente de obra completo, en 42 (41.6%) si bien evidenciaron el Acta de entrega, no contaron con todas las firmas autógrafas de los involucrados que evidenciara su correcta elaboración y en 99 (98.0%) no documentó el soporte de la información integrada en los formatos de seguimiento y comprobación de recursos".
En el caso de la auditoría del INAH, la ASF dijo que aunque el Instituto reportó "la erogación de 117 millones 566 mil pesos para la ejecución de 134 intervenciones en 2019, no demostró la evidencia documental de ese hecho, ni de su supervisión, por lo que careció de elementos probatorios para evidenciar que consolidó, reestructuró o reconstruyó esos inmuebles, a fin de preservar sus características y valores patrimoniales. Lo anterior, denotó debilidades y deficiencias del instituto para actuar de forma posterior a un desastre natural e incidir en la atención de los bienes culturales afectados, en el ámbito de su competencia, a fin de que la población vuelva a acceder a su disfrute".
Con respecto al INBAL, la ASF señaló que "no evaluó los daños en bienes artísticos por los sismos de 2017 y careció del censo de afectaciones, por lo que no realizó los procedimientos para su atención conforme a los protocolos establecidos en la normativa aplicable a la Gestión Integral de Riesgos; en consecuencia, a tres años de los sismos, el instituto no acreditó avances en la atención de los bienes artísticos dañados, puesto que, como hechos posteriores, se verificó que a agosto de 2020 no se gestionó la solicitud de recursos ante el Fonden en detrimento de los monumentos afectados. De no corregirse las deficiencias, se puede concretar el riesgo de no preservar las características y valores patrimoniales de los bienes artísticos siniestrados a causa de futuros desastres naturales".
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