Realizó PGR investigación exprés contra Humberto Moreira

La PGR también lo exoneró del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita porque no encontraron elementos que permitieran determinar que adquirió.

A la Procuraduría General de la República (ahora FGR), durante el gobierno de Felipe Calderón, le bastaron 33 días para deslindar y exonerar a Humberto Moreira del delito de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en 2012.
En la investigación —que nunca llegó ante un juez— se dejó fuera información de inteligencia que brindó Estados Unidos a México sobre operaciones sospechosas de sus colaboradores.
La indagatoria inició en junio de 2011, tres meses después de que Moreira asumiera la dirigencia del PRI, que se preparaba entonces para postular a Enrique Peña Nieto como candidato presidencial.
En un inicio se investigó a varios colaboradores cercanos al profesor, pero en septiembre de 2012, con el argumento de que no había indicios de que hubieran actuado unidos, se separó la indagatoria y se inició una exclusiva contra del exgobernador.
Seis días después de haberse iniciado el nuevo expediente, el Ministerio Público encargado del caso envió un oficio a sus superiores para consultar la emisión del dictamen de no ejercicio de la acción penal, el cual se autorizó a los 27 días y permitió archivar la acusación en 33 días.
Pese a que la PGR se allegó de diversos documentos que pudieron haber sido clave en la investigación, el Ministerio Público no los valoró para decidir si podrían acreditar los delitos.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro, por ejemplo, en 2011 le hizo llegar a México un expediente titulado Informe de actividad sospechosa.
En el documento se señalaba a un cercano colaborador de Moreira (del cual testaron su nombre en el informe entregado a este diario) de haber realizado transferencias de dinero entre el 7 de abril de 2009 al 9 de julio de 2010, las cuales fueron catalogadas como "sospechosas".
Las autoridades de Estados Unidos también dieron a la PGR una relación de las empresas y propiedades de Moreira y su colaborador Vicente Chaires Yáñez, también denunciado penalmente ante la PGR, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional BancarIa y de Valores (CNBV) proporcionaron reportes de sus operaciones inusuales y relevantes.
Pese a que en la denuncia se señalaba una red de corrupción, la PGR separó el caso para investigar a cada uno de los acusados individualmente, y en el del exmandatario, la autoridad ministerial sólo se limitó a comparar sus ingresos obtenidos (según sus declaraciones patrimoniales) contra los estados bancarios de las cuentas a su nombre, dejando fuera el resto de información.
En la indagatoria tampoco se investigó el entorno patrimonial y financiero de los dependientes económicos que pudieron haber servido de prestanombres, esto a pesar de que en la denuncia que dio pie a la averiguación previa se hacía referencia a varias personas que habrían fungido como testaferros del priista.
Especialistas en el tema consultados para este reportaje coincidieron en que una indagatoria por enriquecimiento y lavado se debe efectuar de una forma integral, tomando en cuenta que se tratan de redes de corrupción, por lo que los actos no se realizan de forma aislada.
La información de este trabajo parte del dictamen de no ejercicio de la acción penal que emitió la PGR en la gestión de Maricela Morales, en la pesquisa FECCSPF/M-II/267/2012, que se obtuvo vía transparencia.
El inicio de la denuncia
En la indagatoria que comenzó en junio de 2011, se denunciaba una red de corrupción con diversos personajes allegados a Moreira cuando éste fungió como gobernador.
Habían amasado de manera inexplicable una cantidad de recursos de la que no existía forma de acreditar su legal procedencia. Uno de los que encabezaba esa red, según la queja, había sido Vicente Chaires Yáñez, quien fue secretario de Operación y Administración.
En la denuncia se pedía citar a todos los involucrados, principalmente a Moreira por ser el superior de Chaires Yáñez.
Entre el 22 de junio de 2011 y el 19 de septiembre de 2012 se llevaron a cabo una serie de diligencias para investigar los posibles delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Se requirieron las declaraciones de impuestos ante el SAT y las patrimoniales al gobierno de Coahuila. Después la CNBV le remitió a la PGR los estados de cuenta de Chaires y Moreira que los bancos proporcionaron.
La UIF también entregó un reporte de operaciones inusuales y relevantes que se detectaron. Asimismo, la PGR solicitó al Registro Público de Coahuila información sobre los bienes inmuebles y empresas inscritos a nombre de ambos, mientras que a la Dirección de Transporte, los coches registrados a sus nombres.
Para Estefanía Medina, cofundadora de Tojil: Estrategia contra la Impunidad, uno de los errores fue suponer que podrían demostrar el enriquecimiento y el lavado a través de los bienes inscritos a nombre de los funcionarios. Esos ilícitos, explica, lo que buscan es ocultar que se extrajo algún dinero público, y para ello los involucrados usan a terceras personas, quienes tiene las cuentas y bienes a sus nombres: "Esto evidencia la falta de capacidad de las fiscalías para investigar estos delitos", asegura la abogada.
Angélica Ortiz Dorantes, experta en prevención de lavado de dinero, coincide en que la investigación fue deficiente, ya que las personas que incurren en este delito pueden mentir o presentar incompleta su declaración patrimonial formal, por ello la autoridad debe corroborar que es real.
En una indagatoria de enriquecimiento ilícito, que es difícil de probar, la UIF tiene un papel clave, ya que puede pedirle información al sector financiero y comercial, con la cual pueden determinar si una persona tiene cuentas bancarias o ha realizado compras de propiedades.
"Bien hecho su trabajo, claro que puede ser auxiliar del Ministerio Público para poder acreditar enriquecimiento o lavado", dijo.
Un caso fragmentado
El 26 de agosto de 2011, Chaires Yáñez compareció en calidad de probable responsable, pero se reservó su derecho a no declarar. En cambio, a Moreira Valdés nunca se le citó a comparecer.
Posteriormente, la Agregaduría legal de la PGR en Washington remitió una información brindada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Tras recibir estos archivos, la PGR giró oficios a la CNBV para que requiriera a HSBC información de las cuentas bancarias de las que se hicieron transferencias electrónicas a la institución bancaria JP Morgan Chase Bank.
Estas transferencias se hicieron a nombre de Barcelona at Stone OAK LLC, Península South Padre i LLC y Villa Premio Gas LLC, compañías que eran investigadas por las autoridades estadounidenses por estar vinculadas a un cuñado de Javier Villarreal Hernández, quien fungió como secretario del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila y señalado en un presunto desvío de recursos.
Con el argumento de no causar demora en la procuración de justicia, el 19 de septiembre de 2012 el Ministerio Público separó la indagatoria e inició una exclusivamente contra el exgobernador.
"A cada uno de los indiciados se les atribuye un hecho en particular, por lo que hasta este momento de la investigación no puede considerarse la existencia de alguna coautoría o complicidad", se lee en el dictamen.
No obstante, Estefanía Medina considera que esta separación es una técnica que se utiliza para dividir una investigación más compleja en una más sencilla.
El 24 de septiembre de 2012, cinco días después de iniciada la nueva averiguación contra Moreira Valdés, los peritos de Asuntos Fiscales de la PGR emitieron un dictamen contable, en el que descartaron un incremento en las cuentas bancarias de éste, que fuese mayor a lo declarado oficialmente por él entre 2005 y 2011.
Para emitir ese peritaje sólo revisaron sus declaraciones anuales de impuestos y los ingresos reportados en sus declaraciones patrimoniales y los compararon con los depósitos encontrados en sus cuentas bancarias.
Al siguiente día de emitirse el dictamen, el Ministerio Público envió un oficio para consultar la emisión del dictamen de no ejercicio de la acción penal.
Después de dar 15 días de oportunidad por si alguien quería oponerse a que se cerrara el caso, el 22 de octubre de 2012 se autorizó. En la resolución se señala que en las pruebas desahogadas no se advierte que Moreira Valdés, mientras fue gobernador, se hubiese enriquecido ilícitamente, porque no reportó un aumento en su patrimonio que fuese injustificado o incongruente con su salario.
"De lo investigado no se encontraron signos de riqueza ostensibles y superiores a los ingresos obtenidos como servidor público", se concluyó.
Angélica Ortiz Dorantes considera que era indispensable estudiar toda la información de la que se allegó el Ministerio Público, como los datos aportados por la UIF o Estados Unidos: "Si se recibió la información y luego no se analizó o se dejó de lado, evidentemente pareciera muy claro que hay una falta de seriedad", indica.
Para la especialista Estefanía Medina esto es una muestra de la simulación que se puede dar en una investigación por el influyentismo: "Se pide uno que otro reporte de datos exigiendo que esté directamente a su nombre, a sabiendas de que bajo esa línea de investigación no vas a encontrar nada".
La PGR también lo exoneró del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita porque no encontraron elementos que permitieran determinar que adquirió, administró, custodió, invirtió o depositó recursos que procedían o representaban el producto de actividades ilícitas.
Las acusaciones de corrupción, lavado de dinero y presuntos vínculos con el narco lo han seguido con el paso de los años, pero nunca se le han podido comprobar ante tribunales.
En 2016, en España, estuvo en la cárcel por una semana. Fue liberado porque la Fiscalía Anticorrupción de ese país no halló elementos suficientes para inculparlo de los delitos de malversación y blanqueo de capitales.

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