La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, de mayoría sandinista, se citó de forma extraordinaria este lunes para discutir una ley que vetaría las candidaturas de aquellos nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado o alteren el orden constitucional, a menos de un año de que se celebren los próximos comicios.
El proyecto denominado "Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz", solicitada por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), propone inhibir de cargos de elección popular a quienes exijan o aplaudan sanciones internacionales, actos de los que el oficialismo acusa a la oposición.
Aunque los opositores han negado estar involucrados en un intento de golpe de Estado contra el mandatario Daniel Ortega, sí reconocen su apoyo a las sanciones de diferentes países contra instituciones, empresas, familiares y allegados del presidente, bajo señalamientos de "corrupción" y "serias violaciones a los derechos humanos", así como a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana por "rompimiento del orden constitucional".
Tanto los opositores como los defensores de los derechos humanos han advertido que el proyecto de ley de los sandinistas garantizará a Ortega correr como el único candidato a la Presidencia en las elecciones del 7 de noviembre de 2021, o hacerlo con los llamados "partidos zancudos", es decir, colaboradores.
