Exhortó a las autoridades del gobierno de Chiapas involucradas en el proceso legal que enfrenta el médico, a que garanticen que sus acciones sean apegadas a derecho.
El médico Gerardo Vicente Grajales Yuca, quien se encuentra detenido en el centro penitenciario El Canelo, de Chiapa de Corzo, fue trasladado a un sanatorio particular de Tuxtla Gutiérrez, luego de presentar problemas de hipertensión.
El pasado jueves, el urgenciólogo, encargado del área de Covid-19 del Hospital de Especialidades Vida Mejor del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, quedó sujeto a proceso por el presunto delito de abuso de autoridad. La noche del viernes fue trasladado de emergencia a un hospital particular de Tuxtla Gutiérrez, donde se encuentra estable, confirmó Gerardo Grajales Macal, padre del indiciado.
Afirmó que la crisis de hipertensión de su hijo ha sido por el estrés y las presiones actuales, aunado a "problemas cardiacos" que el urgenciólogo padece desde hace un año y por los que recibe tratamiento y revisión permanente.
Mi hijo, agregó, ha sido "un gran deportista", pero por su problema de salud estuvo internado en la Ciudad de México, por cuyo ingreso posee constancia médica.
Durante la audiencia del jueves, los abogados del médico reprocharon que el juez de Control, Carlos Morales, lo vinculara a proceso, no obstante que le dijeron que Grajales Yuca necesitaba atención especializada por un problema de cardiopatía isquémica y taquicardia supraventicular.
Grajales Yuca fue detenido el pasado 25 de julio derivado de la denuncia de Karen Alejandra Ramírez Molina por supuesto de abuso de autoridad.
La hija del extinto exdiputado local y exdirigente estatal del partido Mover a Chiapas, Miguel Arturo Ramírez López, fallecido por Covid-19, afirmó que el doctor le solicitó medicamentos para atender a su padre.
CNDH atrae caso. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ordenó iniciar una investigación de oficio y atracción del caso de Gerardo Vicente Grajales Yuca, por "posibles violaciones a derechos humanos" en agravio del profesional de salud.
El organismo defensor informó que recibió el testimonio de un familiar del urgenciólogo, en el cual señala que desde el arresto "ha sido objeto de violación a sus derechos humanos por parte de servidores públicos de la Fiscalía General del Estado de Chiapas".
Indicó que derivado de esa denuncia y de publicaciones periodísticas sobre el caso, y con la finalidad de investigar "posibles actos u omisiones cometidos" por servidores públicos de la fiscalía que pudieran resultar de "especial gravedad y constituir violaciones a los derechos humanos", se integrará el expediente de queja respectivo y en su momento emitirá el pronunciamiento que proceda de acuerdo con la ley.
Exhortó a las autoridades del gobierno de Chiapas involucradas en el proceso legal que enfrenta el médico, a que garanticen que sus acciones sean apegadas a derecho, respetuosas de sus prerrogativas esenciales y se conceda, en el caso, el pleno ejercicio del derecho al debido proceso.
