La Oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, afirmó hoy que ha documentado "asesinatos, torturas, malos tratos y detenciones arbitrarias" en Bolivia entre el 20 de octubre y el 25 de noviembre pasados durante operaciones de la Policía y las Fuerzas Armadas.
Treinta personas murieron en disturbios y protestas ocurridas tras conocerse los datos de las elecciones presidenciales que dieron al ahora expresidente Evo Morales como vencedor, un resultado que fue cuestionado y considerado fraudulento por una parte de la población y de la comunidad internacional.
Según las investigaciones del personal de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Bolivia y la información recopilada de primera mano, al menos veinte de esas muertes se produjeron en medio de operaciones destinadas a doblegar las protestas ciudadanas.
"Algunos testimonios indicaron que las fuerzas de seguridad recurrieron al uso innecesario o excesivo de la fuerza contra los manifestantes y utilizaron armas para dispersar a la multitud", afirma un comunicado de la oficina de Bachelet difundido hoy en Ginebra y que informa de las principales conclusiones de las investigaciones realizadas en su nombre.
Las autoridades bolivianas siempre han negado que las fuerzas de seguridad utilizaran armas de fuego contra los manifestantes.
Entre los hechos más graves figura el asesinato de nueve personas en manifestaciones en Sacaba (Cochabamba) y de diez manifestantes en Senkata (El Alto-La Paz), de los que han pasado nueve meses y alrededor de los cuales todavía reina la impunidad, lamentó Bachelet.
"Aún no ha habido rendición de cuentas por las muertes en Sacaba y Senkata, ni para la mayoría de las muertes ocurridas en el período cubierto por nuestro informe", sostuvo.
Otras violaciones documentadas incluyen la detención arbitraria de veintiocho personas en El Alto el 11 de noviembre de 2019, sometidas a torturas y otras formas de malos tratos por parte de la policía.
Asimismo, el personal de Derechos Humanos de la ONU pudo observar a funcionarios públicos y particulares haciendo uso de un lenguaje violento e incendiario, así como violencia verbal y física contra indígenas, evidenciando "un racismo profundamente arraigado".
Otro motivo de preocupación destacado en el informe es la forma en que funcionarios o personas vinculadas al anterior Gobierno fueron objeto de supuesta persecución judicial.
Ello "pone de relieve las deficiencias de larga data del sistema judicial boliviano, y de ahí la necesidad e importancia de garantizar el debido proceso", resalta la nota.
Por otra parte, Bachelet expresó su esperanza respecto al acuerdo que allana el camino para celebrar elecciones generales en Bolivia el próximo 18 de octubre, así como el consiguiente levantamiento de los bloqueos por parte de quienes protestaban contra el último aplazamiento de los comicios debido a la pandemia de la COVID-19.
"Insto a los bolivianos a que aprovechen esta resolución pacífica de las últimas tensiones, dada la importancia de que las elecciones transcurran respetando plenamente los derechos humanos", pidió Bachelet.
