El Parlamento Europeo (PE) pidió este jueves una investigación internacional en la que participen la Unión Europea (UE), la ONU, el Consejo de Europa, sus aliados y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) sobre el caso del envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalni con un agente nervioso perteneciente al grupo Novichock.
En la resolución, que salió adelante con 532 votos a favor, 84 en contra y 72 abstenciones, el Parlamento condenó de forma "enérgica" la acción contra Navalni y manifestó su "preocupación por el uso repetido de agentes químicos nerviosos contra ciudadanos rusos".
La Eurocámara pidió a la OPAQ que inicie una investigación detallada sobre "las infracciones de los compromisos internacionales de Rusia en el ámbito de las armas químicas" e instó a las autoridades rusas a colaborar con la organización.
La resolución aprobada subraya también que esta acción contra el opositor ruso forma parte de un "esfuerzo sistemático por silenciarlo a él y a otras voces disidentes" y que se enmarca en una estrategia para "influir en las elecciones locales y regionales de Rusia del 11 al 13 de septiembre".
Según el texto, el caso Navalni es "parte de una política rusa más amplia" que se centra en "políticas internas opresivas" y "acciones agresivas" en todo el mundo, "propagando la inestabilidad y el caos, reestableciendo su esfera de influencia (...) y socavando el orden internacional".
Por ello, los eurodiputados urgieron a las autoridades rusas que "pongan fin al hostigamiento, la intimidación, la violencia y la represión de sus oponentes políticos".
A través de esta resolución, el PE también pidió a la UE que establezca una lista de medidas restrictivas y que refuerce las sanciones ya existentes contra Rusia y reevalúe de forma "estratégica y exhaustiva" sus relaciones con el país.
Finalmente, los eurodiputados mostraron su "solidaridad con las fuerzas democráticas en Rusia" y pidieron al alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, que vele para que "los casos de personas procesadas por motivos políticos se planteen en las consultas sobre derechos humanos entre Rusia y la UE.
