La cantidad de opositores convictos en Nicaragua, conocidos como “presos políticos”, subió en diciembre con respecto a los cuatro meses anteriores, en medio de la crisis sociopolítica que atraviesa el país, informó este viernes el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
Según el Mecanismo, que registra las denuncias sobre detenciones relacionadas con temas políticos, y que es reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hasta el pasado día 7 el número de opositores presos como producto de la crisis sociopolítica iniciada en 2018 ascendió a 110, sin incluir a otras 10 personas capturadas antes de ese año.
Se trata de la cantidad de opositores encarcelados más alta a partir de agosto pasado, cuando el número había descendido a 89.
Del total de disidentes detenidos, 85 están condenados y 25 se mantienen bajo procesos judiciales. Divididos por sexo, 106 son hombres, tres mujeres y una mujer transexual, detalló el mecanismo en su informe.
De acuerdo con el Mecanismo, 45 de los 110 “presos políticos” ya habían sido arrestados en 2018 y 2019, por mostrar rechazo hacia el presidente Daniel Ortega.
En el informe, el Mecanismo también denunció las condiciones carcelarias de los opositores.
Entre estas mencionó el “acceso arbitrario y paquetería (provisiones) y requisas constantes” a los disidentes encarcelados, así como “tocamientos y otras formas de abuso sexual”, estos últimos practicados también en contra de los familiares, en especial de las mujeres o madres de los reos, quienes informaron que han sido obligadas a hacer sentadillas sin ropa.
Adicionalmente citó “amenazas a familiares y firmas forzadas de documentos, falta de atención médica pertinente y oportuna”, además de “formas de reclusión diferenciada”, ya que algunos suelen ser enviados a calabozos de castigo.
Los encarcelamientos y malos tratos, así como torturas, en contra de personas que han mostrado su rechazo a Ortega desde 2018, han sido documentados por diversas ONG locales, así como por la CIDH y la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), que han reiterado al Gobierno de Nicaragua la necesidad de respetar las leyes locales y a las personas.
Dichas acciones se enmarcan en la crisis sociopolítica que estalló con masivas protestas antigubernamentales en 2018, que fueron silenciadas con ataques armados que dejaron al menos 328 muertos, según la CIDH, de los que Ortega admite 200, a la vez que reclama un supuesto intento de golpe de Estado.
