SALTILLO, COAH.- La organización civil Transparencia Mexicana, dio a conocer un análisis que realizó a 100 días de la declaratoria de la emergencia sanitaria por Covid 19, sobre el estado en el que se encuentran los Poderes Judiciales Federal y estatales en términos de su capacidad para dotar a la población de esquemas de justicia digital, en las que sólo Coahuila fue calificada con total capacidad.
Acompañada en la investigación por el organismo civil denominado Tojil, Transparencia Mexicana realizó el análisis rumbo a las nuevas condiciones de vida que afectarán positiva o negativamente el acceso a la justicia, con motivo de la Emergencia Sanitaria.
Se analizaron seis variantes que facilitan el acceso a la justicia en forma virtual: la reactivación de plazos judiciales para todos los casos; que se permita la presentación de demandas o solicitudes en línea; que se pueda llevar un juicio en línea; que se permita realizar audiencias utilizando esta vía; que se permita la publicidad digital de audiencias penales, y que se requiera firma electrónica para acceder a estos servicios digitales.
Sólo Coahuila obtuvo sí en todos los rubros, en tanto que al Poder Judicial Federal, lo único que le falta es permitir la publicidad digital de audiencias penales al igual que al estado de Nuevo León; en las demás entidades de la república aún faltan dos o más facilidades por la vía digital.
No obstante, Transparencia Mexicana aclara que si bien Coahuila cumple con que las audiencias en materia penal deban ser públicas para todas las personas, ya que el Poder Judicial local establece que se podrá permitir observar las audiencias penales que se llevan por videoconferencia a través de un canal bajo la plataforma YouTube; esta entidad aún no cuenta con evidencia de que esté cumpliendo dicha norma.
“De acuerdo con el Mecanismo de Seguimiento a Planes, Programas, Acciones y Recursos orientados a enfrentar la emergencia sanitaria y sus efectos sociales y económicos, coloquialmente conocido como #SusanaVigilancia, al día de hoy solo el Poder Judicial de la Federación y 14 poderes judiciales estatales han reactivado sus plazos judiciales y habilitado la atención de todos los casos”, indican los resultados del estudio.
“Los otros 18 poderes judiciales de entidades continúan con suspensión de plazos y solo permiten la recepción de casos urgentes, aunque estos supuestos de urgencia se han ido ampliando”.
