La Corte Suprema de Brasil rechazó el recurso por el que la princesa Isabel de Orleans e Bragança solicitó hace 125 años la devolución de la propiedad del Palacio de Guanabara y, en un fallo contra la familia imperial, puso fin al proceso judicial más largo en la historia del país.
En una sentencia dictada a finales de julio y que sólo trascendió esta semana con la publicación de que el proceso había sido archivado definitivamente, la primera sala del Supremo Tribunal Federal concluyó que la familia imperial no tiene derechos sobre el palacete neoclásico de 1853 que reclamaba en Río de Janeiro.
El proceso fue iniciado en 1895 por la princesa imperial Isabel de Brasil, que llegó a gobernar el país como regente, y fue proseguido por los descendientes de la familia imperial tras su muerte en 1921.
La querellante alegaba que el Palacio de Guanabara, la actual sede de la gobernación de Río de Janeiro, era su residencia particular cuando la República de Brasil fue proclamada en 1889 y la familia imperial, cuyos bienes fueron incorporados al patrimonio público, destronada y obligada a exiliarse.
Los miembros de la primera sala de la Corte Suprema, en decisión de última instancia, mantuvieron la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de 2018 por la que se rechazó la concesión de la propiedad del palacio a la familia imperial.
En una decisión que contó con tres votos a favor y uno en contra -uno de los magistrados se abstuvo-, el Supremo apoyó la tesis de la instructora del caso, la magistrada Rosa Weber, en el sentido de que, aunque fuese su residencia particular, el principio de derecho adquirido de la princesa en relación al palacete no estaba configurado.
Según la decisión, tras la proclamación de la República, quedaron sin efecto todas las normas que justificaban que la posesión de un palacio construido con recursos públicos la mantuviese la familia imperial.
Para los magistrados, con la institución de la República se extinguió el régimen imperial y se puso fin a todos los privilegios que la familia real tenía sobre inmuebles adquiridos con recursos públicos.
