debido a los ajustes que ha sufrido el proyecto (...) el proceso de licitación de las MIA se ha retrasado
Los promotores del Tren Maya decidieron retorcer la legislación ambiental en contra del consejo y análisis de los estudios ambientales, por los que pagaron 60 millones de pesos, para comenzar las obras sin una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), de acuerdo con una serie de documentos obtenidos por EL UNIVERSAL.
Una MIA es un estudio que indica los efectos que puede ocasionar una obra sobre el medio ambiente y la salud humana, además de que señala las medidas preventivas para minimizarlos. Se presenta ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que debe decidir si permite o no el proyecto antes de que inicie.
En noviembre de 2019, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), promotor del Tren Maya, recibió un documento que debía servir de guía para elaborar las MIA. Cuando se repasa la legalidad aplicable al Tren Maya se argumenta que "previo al inicio de las obras y en total cumplimiento con la normatividad ambiental vigente" se debe contar con "el instrumento de política ambiental correspondiente [MIA] (...) para cada uno de los siete tramos".
Fonatur, nada más conocer el contenido de este documento, pidió ayuda para no presentar las MIA, ya que "debido a los ajustes que ha sufrido el proyecto (...) el proceso de licitación de las MIA se ha retrasado".
Al respecto, Fonatur respondió que "desde un inicio, y como parte de la estrategia ambiental, se contempló realizar la solicitud de Exención de Manifestación de Impacto Ambiental".
