Honduras recuerda su independencia entre la COVID-19, pobreza y corrupción
Honduras recordará este martes el 199 aniversario de su independencia de la Corona española sumida en una pandemia de COVID-19 que ha dejado 2,097 muertos y 67,789 contagiados, mucha pobreza, corrupción y una crisis política sin que se avizoren mejores tiempos para el país centroamericano.
La pandemia de COVID-19 que se comenzó a expandir en marzo, ha afectado mucho en lo social por el distanciamiento físico entre los hondureños, mientras que en lo económico miles han quedado sin empleo, muchas empresas entre micro, pequeñas, medianas y grandes han cerrado, lo que ha agudizado la pobreza del país.
40 AÑOS DE DEMOCRACIA SIN BIENESTAR
El 199 aniversario de la independencia, lo que también conmemoran Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, será recibido por los hondureños confinados en sus casas, debido al toque de queda que rige por la pandemia de COVID-19, y en un ambiente de mucha actividad política marcada por denuncias de un presunto continuismo del presidente del país, Juan Orlando Hernández.
El gobernante, quien se reeligió en noviembre de 2017, pese a que la Constitución no lo permite bajo ninguna modalidad, pero que se lo facilitó el poder judicial, en unos comicios salpicados por denuncias de fraude, ha reiterado en las últimas dos semanas que no será candidato en las elecciones generales de noviembre de 2021.
Pero a Hernández lo hondureños, sobre todo las principales fuerzas de oposición, no le creen, porque en su primer mandato (2014-2018), primero dijo que no buscaría la reelección porque la ley no se lo permitía, pero al final lo hizo.
Según el exfiscal hondureño Ángel Edmundo Orellana, Hernández estaría incluso aprovechando la pandemia de COVID-19, llevando muy a la ligera la reactivación económica, lo que podría implicar un rebrote de la enfermedad que lleve al país a una mayor crisis sanitaria y se vuelva a un confinamiento total, lo que le serviría de excusa para que no se celebren elecciones y seguir en el poder.
Con Orellana coinciden líderes de los partidos Libertad y Refundación (Libre), que lidera el expresidente Manuel Zelaya, quien fue derrocado el 28 de junio de 2009 cuando promovía reformas políticas que la ley le impedía, y los excandidatos presidenciales Luis Zelaya, del Partido Liberal, y Salvador Nasralla, otrora líder del Partido Anticorrupción (PAC), entre otros.
La pandemia de COVID-19 se ha sumado a la crisis política que Honduras sufre desde el 28 de junio de 2009, cuando fue derrocado Manuel Zelaya, cuando promovía reformas que la ley le impedía, a la que le siguió la de noviembre de 2017.
La clase política hondureña, desde que el país retornó a la democracia, en 1980, no ha representado bienestar social y económico para los 9,3 millones de habitantes que tiene ahora la nación, en la que más del 60 por ciento son pobres.
La frágil democracia de Honduras comenzó a ser alterada en 1985 por el gobernante que asumió el 27 de enero de 1982, Roberto Suazo Córdova, fallecido en 2018. A eso se han sumado, entre otras crisis políticas, las de 2009 y 2017, que no han sido resueltas por los políticos que las causaron.
Más que un sistema democrático, con el que muchos se han desencantado, lo que el país ha tenido cada cuatro años, desde 1981, es una concurrencia a las urnas, a las que en cada votación para elegir a las principales autoridades asisten menos votantes, que han dejado presidentes con poco respaldo popular.
Sin embargo, hay quienes creen que la democracia se ha fortalecido porque ahora hay más partidos políticos que los cuatro que había en 1981, con los centenarios y conservadores Nacional, en el poder, y Liberal, entonces, como principales protagonistas.
En las elecciones generales del 28 de noviembre de 2021 participarán al menos catorce partidos políticos, tres de ellos reconocidos la semana pasada por el Consejo Nacional Electoral.
La proliferación de muchos partidos pequeños, de los que algunos desaparecieron luego de participar en la primera elección, ha tenido como estimulo inmoral, los millones de lempiras que han recibido, en concepto de deuda política, lo que ahora se está tratando de frenar con una nueva Ley Electoral que, por culpa de la clase política, no ha sido aprobada, pese a que llevan bastante tiempo en eso.
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